Ello, en el marco de una declaración acompañada por un escrito en el que niega los cargos en su contra que se investigan en el Legajo de IPP Nº 65623, sosteniendo que todos sus actos de gobierno “contaron con la aprobación previa y posterior de los organismos de control” y negándose a responder preguntas de los fiscales. Si bien desde su aparato de prensa dijeron haber hecho llegar tal escrito a la Justicia, algunos medios periodísticos de Paraná difieren al informar que su presentación recién se haría efectiva en las próximas horas. “Voy a seguir estando siempre a derecho, dando todas las explicaciones que tenga que dar al respecto, y mientras tanto voy a seguir desarrollando con total compromiso y empeño la tarea que hoy tengo como embajador, que representa para mí un inmenso honor y una gran responsabilidad”, acotó.
Qué dice el documento
En el escrito con que Urribarri decide acompañar su declaración, se sostiene que la intervención del exgobernador en la actividad administrativa que es objeto de análisis fue “regular y legal, y que toda la documentación respectiva fue preparada por las líneas técnicas del Estado provincial”, de acuerdo a lo difundido desde su equipo de comunicación.Asimismo, que “todo el gasto insumido fue erogado con la intervención de todos los órganos de control: Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas y el Poder Legislativo al considerar la cuenta general del ejercicio”.
Más adelante, indica que “las licitaciones analizadas concretaron actos regulares inscriptos en el marco más estricto de las competencias y funciones de gobierno y como tales son definibles como cuestiones políticas no judiciables”.
“Las contrataciones fueron absolutamente legales y se dispusieron para atender los fines públicos legítimos fijados en los decretos que las ordenaron y las aprobaron, con los fundamentos sólidos que ellos explicitan”, asegura finalmente.
Otro tramo de su defensa
Buena parte de ese mismo documento, dado a conocer por la prensa del propio Urribarri una vez concluida su declaración judicial, fue destinado a efectuar una suerte de informe de gestión referido a los dos períodos en que fue gobernador de Entre Ríos.Así resalta que “nada va a poder borrar las 154 escuelas nuevas que hicimos, los hospitales, los 1.800 kilómetros de rutas, las 20.000 soluciones habitacionales, los centros de convenciones, los 1.700 kilómetros de fibra óptica, uno de los dos centros de medicina nuclear más avanzados del país, la estación transformadora de energía de Paraná, la reducción de la mortalidad infantil al nivel más bajo de la historia, la declaración de provincia libre de analfabetismo y, en general, una gestión que reparó deudas históricas con acciones que todos los entrerrianos tienen muy presentes”.
Más adelante, menciona la “puesta en valor” de edificios históricos como la Escuela del Centenario, el Colegio Nacional, la Biblioteca Popular, la Escuela Normal y el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, la Escuela Normal y la Escuela Técnica de Tala y la de Viale.
Luego, expone que entre 2007 y 2015 “Entre Ríos se convirtió en una provincia de perfil agroindustrial, se incentivó el conocimiento, se diversificó la producción, y repasó indicadores tales como el incremento del trabajo registrado en un 21%, del salario real en un 158,6%, la reducción del trabajo infantil en un 66%, el crecimiento de la clase media en un 48%, y la suba de las exportaciones de manufacturas en un 102,8%”.
En esos años, “Entre Ríos fue la principal productora avícola, de cítricos dulces y de arándanos del país; la segunda productora nacional de arroz, del sector apícola y de insumos farmacéuticos y veterinarios; la tercera productora nacional en el sector ganadero y foresto industrial; y la cuarta provincia productora de oleaginosas, lácteos y porcinos”, según él.
