El doctor Martín Carbonell, presidente del Superior Tribunal de Justicia, Martín Carbonell, recibió hoy al presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, Alejandro Canavesio y a integrantes de la comisión directiva de la entidad.
Dialogaron, en la oportunidad, sobre el funcionamiento de la prestación del servicio de justicia, en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional ante la pandemia (COVID 19).
En el encuentro, según el parte del Servicio Informativo del STJ remitido a El Entre Ríos, se intercambiaron opiniones y propuestas relacionadas a las formas y tiempos en que se deben ir desarrollando los procesos para el restablecimiento total del funcionamiento del sistema judicial. No brindaron, oficialmente, más detalles.
Este lunes empezó el cruce entre las partes, tras conocerse que el máximo tribunal de Justicia provincial prorrogó la vigencia de la modalidad de trabajo virtual hasta el 24 de mayo. Al hacerlo, mantuvo la suspensión de plazos procesales, de caducidad y perención, y los especialmente habilitados.
“El Colegio de Abogados de Entre Ríos quiere manifestar en forma expresa que lamenta profundamente la prórroga de la suspensión para habilitar la totalidad de los procesos que en la fecha ha resuelto el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos”, dijeron al respecto los abogados de Entre Ríos.
Este jueves, en tanto, el presidente del STJ firmó un duro comunicado de respuesta al CAER en el que repasó las medidas tomadas en este tiempo de cuarentena, citó estadísticas y número de los millones pagados a los profesionales del Derecho. Pidió, además, el cese de las cartas remitidas desde las seccionales departamentales a las que Carbonell tildó "de contenido falaz, carente de seria argumentación y sumamente ofensiva".
Posteriormente, un grupo de abogados de Concordia salió al cruce de la misiva firmada por el concordiense Carbonell. “Los abogados y el resto de la ciudadanía –expresa la solicitada- podemos exponernos en nuestros estudios jurídicos y en las calles trabajando, pero los funcionarios y empleados del Poder judicial son una clase especial a la que la ciudadanía debe resguardar”, le dijeron.
Fuente: El Entre Ríos - SIC STJ.