“Vemos con razonable prudencia avanzar hacia su total normalización, con decisiones que aseguren en forma permanente la salud de justiciables y operadores, tanto internos como externos”, sostuvo Carbonell. En otro tramo de la respuesta, el presidente del STJ se encargó de destacar que los movimientos procesales pasaron de promediar los 1.500 durante la modalidad de receso judicial extraordinario al inicio de la cuarentena, a 10.000 durante la modalidad a puertas cerradas, llegando hoy a 25.734 movimientos bajo la modalidad de habilitación administrada con la implementación del módulo de subida de escritos.
“En ese orden, resulta demostrativo de la no paralización de la justicia en nuestra provincia”, afirmó el concordiense que, a modo de ejemplo, señaló que al inicio de la cuarentena (receso judicial extraordinario), el promedio de sentencias publicadas fue de 12 y en las etapas posteriores, debido a la apertura establecida por el STJ, se llegó a un promedio de 200 por semana.
En otro tramo saliente, el hombre que preside el máximo organismo de Justicia provincial dio cuenta que los organismos judiciales que integran el Poder Judicial “han librado más de ciento siete millones de Pesos ($ 107.000.000) en Órdenes de Pago Electrónicas, correspondiendo un gran porcentaje a honorarios profesionales, y el restante, a capital para los justiciables que han percibido lo que por derecho les corresponde”.
En este contexto, defendió la decisión de prórroga, que el Colegio cuestionó. “Luce no sólo razonable, sino responsable y necesaria. Determinar una mayor apertura sin considerar qué supone en términos de funcionamiento de los sistemas implementados, capacidad de equipos de trabajo y respeto de medidas sanitarias es, como se dijo en el Acuerdo que se discute, prematuro e innecesariamente riesgoso”, afirmó.
El último tramo de la misiva también contiene un duro mensaje a los abogados: “Siendo atribución del CAER (conforme Ley Nº 4.109), la representación de todos los Abogados de la Provincia en sus relaciones con los poderes públicos en cuestiones que atañen a la profesión”, este STJ entiende que deberían adoptarse las medidas pertinentes a fin de evitar - sin desmedro del legítimo ejercicio de derechos constitucionales – que secciones del Colegio soslayen aquella facultad so pretexto de remitir “cartas” a sus colegiados, las que, de contenido falaz, carente de seria argumentación y sumamente ofensivas, se difunden masivamente por redes sociales y otros canales de comunicación”.
