El abogado que ejerce la defensa de las familias asentadas en un terreno municipal dijo lo suyo, luego de la audiencia pública presidida este miércoles por la Dra. Natalia Céspedes en el Colegio de la Abogacía, en la que tanto el Ejecutivo como la Fiscalía pidieron la inmediata restitución del inmueble.

“En la causa estaban imputadas 16 personas, un hombre falleció y dos se fueron al Chaco porque eran de ahí. Quedaron 13 mayores (6 mujeres y 7 varones), además de 14 niños. Hay personas solas, parejas y familias. Todos trabajadores informales, de bajos recursos y en estado de vulnerabilidad”, dijo a El Entre Ríos el Dr. Gustavo Goyeneche.

“El Estado Municipal pidió la restitución del inmueble con el desalojo, sin hacer ninguna propuesta de reubicación e incluso se negaron a mediar. Simplemente los denuncian penalmente por usurpación”.

“No viven ahí porque quieren. Están acusados de delincuentes y son personas en estado de necesidad, que tratan de procurarse una vivienda al lado de un terreno baldío y a la luz de todos. No es que engañaron a alguien o se metieron por la fuerza. Hay una diferencia grande entre una toma pacífica y una usurpación, que sí es un delito”.

En la misma línea, indicó: “Está prohibido que el Estado haga un desalojo forzoso, siendo que debe garantizar el cumplimiento del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el 25 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y en los pactos internacionales incluidos en la constitución, como el acceso a una vivienda digna. Lejos de esto, promueven el desalojo y lo más grave es que no proponen qué hacer con esta gente que queda a la deriva. Nosotros nos opusimos”.

Luego, el letrado se refirió a los dichos del subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowsky, respecto a que una de las imputadas tenía una vivienda otorgada por el municipio, mientras que el resto tenía la posibilidad de vivir en otros lugares: “Es un argumento totalmente falaz. No hay ninguna prueba de eso en el expediente que lleva más de un año y medio. Y no hay ninguna lógica de querer vivir ahí teniendo posibilidad de hacerlo en otro lado”.

También contradijo la premisa de que los imputados no sean oriundos de Colón: “Hay un hombre que vive ahí hace 40 años, Y si son de otros lugares no importa, porque igual son personas”.

El defensor solicita “que se los reubique o se los ayude a construir. La solución se puede buscar en forma conjunta; hay modelos cooperativos y muchos saben construir su casa. Nadie quiere vivir al lado del basural y nadie se va a oponer a mejorar sus condiciones”.

Fuente: El Entre Ríos