Pasada esta instancia, el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos Daniel Kolankowsky habló con El Entre Ríos.
“En 2022 tomamos conocimiento de que familias de otras localidades de Entre Ríos y otros puntos del país –seguramente alentados por algún conocido local- vinieron a tomar posesión clandestina de esos inmuebles; o sea, los usurparon”.
“Tratamos de explicarles que no podíamos validar esa situación, no solo porque la usurpación es un delito sino que no es la forma de procurarse una solución habitacional. Tenemos un régimen de políticas habitacionales en marcha, donde hay listas de espera”.
En febrero de 2023, desde el Ejecutivo decidieron llevar el tema a la Justicia. Para entonces, “ya había 6 familias”, dijo el funcionario.
“En febrero de este año tuvimos que hacer una ampliación de la denuncia, porque las familias ya eran 16, algunas de Colón. Llegaron a ser 21, pero 4 se fueron por motus proprio y un vecino falleció”.
Según Kolankowsky, “la mayoría son de afuera o tienen red de contención; no estaban en la calle. Una vecina está en nuestros registros porque recibió una vivienda hace unos siete años. Otra señora dijo que vivía en la casa de su hermana y que se cambió ahí porque quería un lugar propio; cuando hicimos la denuncia tenía una habitación de madera y ya tiene tres habitaciones y una cocina comedor de material, y además se compró un auto y una moto. El resto vienen de casas de familiares en las cuales estaban construyendo, muchas veces con materiales provistos por el municipio”.
“Más allá de la situación delictiva, no pueden tener a los niños ahí, sin las condiciones de salubridad mínimas. Además es una zona inundable; cuando el río sube quedan bajo el agua. De ninguna manera podríamos tener una política ambiental en ese lugar”, añadió.
Cinco días para las pruebas
Sobre la causa, el subsecretario de Gestión General y Asuntos Jurídicos explicó: “Es un delito de acción privada pero de instancia pública, por lo que el titular del inmueble es quien debe hacer la denuncia, que en este caso es la municipalidad. Luego el avance depende de la Fiscalía, por eso la demora no es imputable a nosotros”.Desde la Municipalidad de Colón se pide “un incidente de restitución de inmueble. Mientras se dirime la cuestión de fondo, queremos recuperar el lugar. Cuanto más nos demoremos, más se acrecienta el problema”, indicó.
En la audiencia para intentar resolver el conflicto, “la fiscal (Noelia) Batto coincidió con nuestra postura y le pidió a la jueza que haga lugar. El defensor (Dr. Gustavo Goyeneche) dijo que era una criminalización de la pobreza, que no correspondía lo que estábamos pidiendo porque estas personas eran víctimas y que él se oponía a la restitución del inmueble”.
A partir de ahora, las partes tendrán un plazo de cinco días para presentar elementos de prueba. Luego, “la jueza valorará lo sucedido y tomará una resolución”.
La solución que plantea el Ejecutivo a la retirada de las familias que son de la ciudad, es “que vuelvan a las mismas soluciones habitaciones que les proveyó el municipio, con sus redes de contención familiar” y a los que son de otras localidades “coordinando con sus municipios de origen, les pagamos el traslado para que vayan a solucionar su situación habitacional ahí, porque no son colonenses”.
En sintonía con esto, el funcionario pregunta: “¿Qué opina el vecino que trabaja, le cuesta llegar a fin de mes y no tiene casa propia, de que esta gente tome un terreno público por la fuerza? No podemos permitir esto y como Estado tenemos que actuar”.
