El presidente de la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río Uruguay y actual presidente del organismo, Roberto Salafia, se refirió a la posible instalación de una planta de e-combustibles en la localidad de Paysandú.
“El proyecto todavía no ha ingresado, por lo que lo seguimos solicitando. Nosotros no actuamos de oficio ni tenemos poder para exigirlo, pero los gobiernos –por el Estatuto del Río Uruguay y la creación de la CARU- tienen la obligación de presentarlo”. En esta obligatoriedad, “hay un gris en la zona de influencia, pero en este caso entendemos que sí, porque tomaría agua del río y volvería a enviarla procesada, además de la magnitud de la toma de agua que se necesitaría”, dijo en diálogo con El Entre Ríos.
Teniendo en cuenta que el tema alcanzó estado público el año pasado, la delegación argentina pidió formalmente a la uruguaya “que solicitara a su gobierno que cuando el proyecto estuviese concluido, fuese presentado a la CARU”.
Actualmente, “todavía requiere la aprobación del Ministerio de Ambiente uruguayo”. Superada esa instancia, la CARU deberá examinar si la iniciativa “puede perjudicar la navegabilidad, la calidad de las aguas o el régimen del río”.
En cuanto a los pasos a seguir para su consideración, “si en los departamentos técnicos existen dudas de que pueda perjudicar al río y su entorno, se exigirá a la empresa que adecue esos posibles riesgos”. Con modificaciones, “puede volver a la CARU más de una vez”.
Si las delegaciones no llegasen a un acuerdo respecto a si la planta puede tener algún efecto negativo sobre el río, “pasa a los gobiernos de ambos países, que lo seguirán estudiando en forma bilateral”, explicó el funcionario.
Por fuera de la CARU, “a nivel de los gobiernos, la Argentina ha manifestado su preocupación por las consecuencias posibles de la construcción de esta planta y entiendo que el gobierno uruguayo ha tomado nota de esto. Tal es así que han salido noticias de que el nuevo gobierno está reviendo el proyecto”.
Consultado sobre los cuestionamientos al ente por no pronunciarse sobre el tema, el presidente respondió: “La CARU no se puede expedir porque es un organismo bilateral; cualquier acción tiene que ser en consenso de ambas partes. Solamente puede expedirse luego de analizar un proyecto que haya ingresado”.
En esta línea, agregó que “tampoco puede cuestionar o exigir a un gobierno que haga algo; es el gobierno el que está obligado, pero nosotros no podemos hacerlo. Sí se puede –y es lo que hizo la delegación argentina- solicitar a la delegación uruguaya que pida la información”.
Fuente: El Entre Ríos