“Considero de gran valor las diversas iniciativas comunitarias y gubernamentales frente a la posible instalación de la planta de producción de e-combustibles que se proyecta para la ciudad de Paysandú, R.O.U., frente a los municipios costeros del departamento Colón y en particular a la ciudad que usted gobierna. La seriedad del tema exige la actuación de inmediato. Deseo señalar la importancia de la intervención activa de la Comisión Administradora del Río Uruguay con el propósito de que diligentemente pueda proporcionar la información, garantizar la seguridad de la navegación en el río, así como la conservación y preservación de los recursos vivos y la prevención de la contaminación, en todo de acuerdo a la responsabilidad, funciones y competencias que tiene el organismo binacional”, expresó en una carta dirigida al intendente José Luis Walser.
Recordando que “el Tratado de Límites entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay en el río Uruguay (1961) y el Estatuto del Río Uruguay (1975), obligan a las partes (Argentina y Uruguay) a comunicar a la Comisión cualquier modificación o alteración del curso del río, así como el aprovechamiento del mismo cuando sea lo suficientemente significativo como para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas”, señaló que “la responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) en este asunto, y la inquietante falta de respuesta hasta el momento, merece un profundo repudio”.
“En la Cámara de Diputados de la Nación obra una presentación que hemos realizado junto a un número importante de legisladores (Expediente: 0243-D-2025) con el objetivo de instar a la CARU a presente conocimiento, informes y oposición de los representantes argentinos sobre la instalación de dicha planta”. El documento, también solicita “la presencia de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande - CTMSG- con el fin de informar, en razón de la potencial contaminación de las aguas del río Uruguay, frente a la presencia de proliferación de microorganismos fotosintéticos, como ser algas y cianobacterias”. En esta línea, opinó que “el silencio en la información en estos casos revela de manera clara una sola cosa: la ausencia de garantías para quienes habitan las ciudades y comunidades ribereñas”.
Por otro lado, Osuna opinó que “el gobierno provincial debe adoptar un enfoque integral y equilibrado en relación a ambos ríos, el Paraná y el Uruguay”.
“El avance del gobierno nacional en la licitación pública para concesionar la Vía Navegable Troncal Paraguay-Paraná se llevó a cabo de manera irregular, previa eliminación del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable Troncal, un organismo clave que –además de ser una instancia de decisión federal- se encargaba de la formulación de políticas fluviales y la planificación de obras de infraestructura en los ríos de la Vía Navegable Troncal”. Esto motivó la presentación en la Cámara Baja del Expediente 4732-D-2024, “con el fin de repudiar la decisión adoptada por el Presidente de la Nación Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 699/2024”.
