La jueza Federal María Servini de Cubría tiene en su despacho el expediente para comenzar a investigar el financiamiento de la campaña presidencial del ex gobernador, Sergio Daniel Urribarri. El "Sueño Entrerriano" tuvo sus costos y eso es lo que la Justicia Federal buscará determinar a raíz de una denuncia realizada por el Partido Socialista en noviembre del 2014 por "campañas anticipadas e ilegales".
Además de esta denuncia, la Cámara Nacional Electoral envió al fiscal Federal Jorge Di Lello un relevamiento fotográfico sobre la propaganda en la vía pública. Las importantes gigantografías ubicadas en el conurbano bonaerense, la realización de actos como el de Ferro Carril Oeste, el pago de presencias en programas televisivos de renombre nacional, la instalación de un stand de campaña en una playa de Mar del Plata y la contratación de asesorías del extranjero son algunos de los ítems de alto costo que se buscará determinar cómo fueron financiados.
La frustrada candidatura presidencial se ha convertido en una preocupación para el ex gobernador Sergio Urribarri, una más que se materializa en
forma de causa judicial. Es que la jueza federal María Romilda Servini de Cubría tiene a su cargo una investigación por la rendición de cuentas del sueño entrerriano.
A un año de las elecciones presidenciales, su imagen empezó a circular en forma de carteles y afiches. El sueño entrerriano era el slogan. Urribarri exhibía un rostro de pretendido estadista –visiblemente retocado con arte digital– por las rutas, autopistas, calles y hasta en el parador playero que instaló en Mar del Plata. Ni un ciudadano desprevenido dejaría de reconocer en ese marketing a un candidato, aunque fuera un completo desconocido, según un artículo periodistico publicado en Página Judicial.
Pero instalarse, tal el primer objetivo, tuvo su precio. Y eso es lo que está investigando la jueza Servini de Cubría, a partir de una denuncia promovida en noviembre de 2014 por el Partido Socialista por la existencia de "campañas anticipadas e ilegales".
En la presentación se pedía realizar una auditoría para conocer el origen de los fondos gastados por los precandidatos. Sumado a eso, la Cámara Nacional Electoral envió al fiscal federal Jorge Di Lello un relevamiento fotográfico realizado por el Juzgado Federal con Competencia Electoral en Entre Ríos, a cargo de Leandro Ríos, sobre cartelería y todo tipo de propaganda en la vía pública. La imagen que más se repetía era la de Urribarri.
El fiscal le pidió a Servini de Cubría que iniciara una investigación para determinar "si la publicidad gráfica ubicada en el distrito Entre Ríos relacionada con pre-candidaturas a Presidente de la Nación en el marco de los comicios del año 2015, contraría lo dispuesto" en el Código Nacional Electoral.
La ley electoral limita la campaña electoral a los 35 días anteriores a la fecha del comicio e incluye a todas las "actividades desarrolladas por las agrupaciones políticas, sus candidatos o terceros, mediante actos de movilización, difusión, publicidad, consulta de opinión y comunicación, presentación de planes y proyectos, debates a los fines de captar la voluntad política del electorado, las que se deberán desarrollar en un clima de tolerancia democrática".
Para sortear esta limitación, la mayoría de los candidatos evita explicitar sus aspiraciones personales y limitan a mostrar su rostro, nombre y el año, 2015. Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral tiene dicho que, a los fines que marca la ley, todo acto destinado a la captación del sufragio debe ser considerado "proselitismo".
El fiscal Di Lello cree que Urribarri violó la ley electoral. En principio, el frustrado candidato deberá dar explicaciones sobre los gastos que tuvo esa campaña y el origen de los fondos. Por tratarse de una candidatura presidencial, la Cámara Nacional Electoral resolvió que fuera Servini de Cubría quien lleve adelante la investigación. "La publicidad denunciada tendría por objeto promocionar pre-candidaturas a Presidente de la Nación, (por lo que) no cabe apartarse del principio según el cual el territorio nacional constituye, a los fines de la elección presidencial, un distrito único", lo explicó el tribunal electoral.
En su momento, la Cámara Nacional Electoral dispuso que los candidatos presidenciales podían gastar hasta 254 millones de pesos en la campaña. Los partidos, sin embargo, estimaron el gasto de los candidatos para llegar a la Casa Rosada treparía hasta unos 1.000 millones. Urribarri nunca rindió cuentas sobre el costo del sueño entrerriano (cartelería en la vía pública, publicidad en medios, habilitación de locales partidarios, transporte y hasta un parador en la playa de Mar del Plata). "Lo que se hace es un control administrativo, no penal, en el marco de la investigación por el financiamiento de las campañas proselitistas, respecto de los gastos de publicidad", se indicó.
<b>El amigo De Vido</b>
Ahora bien, hay también un costado político en esta historia. Las campañas –se sabe– se financian con fondos muy difíciles de rastrear hasta para los investigadores judiciales. En todo proceso electoral, cada partido, frente o candidato debe presentar su rendición de cuentas; pero con sólo observar cuáles y cómo fueron las actividades proselitistas, cualquiera está habilitado para pensar que los números no cierran. El aporte de las campañas es un debate que en el país aún no se ha dado.
"El sueño entrerriano" fue el slogan que utilizó Urribarri para instalar su figura en diferentes ámbitos y aspirar, si no a una candidatura, al menos a formar parte de la mesa de conversaciones en las que el Frente para la Victoria decidiría su futuro.
El principal aliado de la candidatura presidencial de Urribarri fue Julio De Vido, entonces ministro de Planificación Federal. El zar de la obra pública –hoy bajo la lupa judicial– fue quien impulsó al mandatario entrerriano a colarse en la nómina de precandidatos que integraron Daniel Scioli, Florencio Randazzo, Agustín Rossi y Jorge Taiana.
De Vido no sólo fue su mecenas, sino también una pieza clave en la programación de buena parte de su campaña: le organizó algunos encuentros con intendentes en el conurbano bonaerense y fue quien lo acompañó en el lanzamiento oficial de la candidatura en el microestadio de Ferro Carril Oeste. Si se pudiera establecer un paralelo, un acto en el Luna Park, por ejemplo, puede costar entre 4 y 5 millones de pesos, entre el alquiler, luz, sonido, traslados, seguridad y demás.
El despliegue de Urribarri fue importante y vistoso, como lo requiere cualquier campaña para que tenga efecto. Cualquiera que haya circulado por las rutas argentinas hacia destinos turísticos durante el verano 2014/2015 pudo apreciar un paisaje proselitista de magnitud en el que Urribarri no estuvo ausente. Ese tipo de gigantografías, que constituyen una pequeña pata de la difusión proselitista, pueden costar millones de pesos. Un cartel en la Panamericana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2014, por ejemplo, tenía un costo de 100.000 pesos mensuales. Una entrevista en un programa cerca de la medianoche, en la televisión abierta, de un bloque de duración, costaba 150.000 pesos. El ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados fue un asiduo visitante del programa Animales Sueltos (América), que conduce Alejandro Fantino.
<b>Asesores extranjeros</b>
En uno de los encuentros, de esos que solía tener ante sus ministros, funcionarios y legisladores, el fallido candidato presidencial presentó a su nuevo gurú político: el brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça, conocido como Duda Mendonça. Se trata de uno de los principales publicistas y estrategas electorales de Latinoamérica, que asesoró, entre otros, a Luiz Inácio Lula da Silva.
El ex mandatario entrerriano había contratado antes como jefe de campaña a Miguel Ángel Mono Altamirano. El dirigente santafesino estuvo a cargo de un comando proselitista que integraron funcionarios y legisladores de la provincia, como Juan Carlos Darrichón, Juan Reynaldo Navarro, Emilce Pross, Laura Stratta, Leticia Angerosa, Jorge Barreto, Enrique Cresto, Carlos Ramos y Julián Froidevaux, entre otros. Cada uno tenía asignado un distrito. Dos de ellos contaron a Página Judicial que Mauro Urribarri y Altamirano eran quienes manejaban los fondos de la logística y que la billetera "era grande". Se pagaban los gastos de hoteles, aviones, autos y los alquileres de locales partidarios.
Urribarri, que no escatimaba en recursos cuando era candidato, se dio el lujo de tener una reunión a solas en la Universidad de Columbia con Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. El encuentro, publicitado por el entonces precandidato presidencial, fue para "conversar sobre los desafíos a los que se enfrenta la Argentina, y sus oportunidades, de cara al futuro". ¿Cuánto puede cobrar el autor del libro El malestar en la globalización y consultor de Jefes de Estado por un encuentro de ese tipo? Tal vez pueda averiguarlo Servini de Cubría.
Tal vez esta investigación no tenga un reproche penal para Urribarri, pero seguro le significará un dolor de cabeza. Mientras tanto, en los tribunales provinciales avanza una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito que involucra a toda su familia. A esta causa, que lleva adelante el fiscal Santiago Brugo, se anexó recientemente una denuncia en tono delirante que promovió una especie de denunciador serial (y que ha sido declarado "insano" por la justicia) en los tribunales porteños por enriquecimiento ilícito, cohecho, evasión fiscal, tráfico de influencias, lavado de activos financieros del narcoterrorismo y otros. Del escrito, sin embargo, surgen algunas operaciones inmobiliarias que se le atribuyen al ex gobernador y que llamaron la atención de los investigadores, según pudo saber Página Judicial. Como si Urribarri no tuviera suficiente, hace unas semanas la justicia entrerriana inició de oficio una investigación por maniobras sospechosas en las contrataciones en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en diciembre de 2014 en Paraná. Así las cosas, se avecinan días tormentosos para el ex gobernador y fallido candidato presidencial.
Fuente: Reprodujo Analisis digital