El abogado Carlos Guillermo Reggiardo, defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi, investigado en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, impugnó el pliego de Susana María Paola Firpo propuesta por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo de jueza de Garantías de Paraná.
La presentación de Reggiardo se hizo ante la Comisión de Acuerdos del Senado, que debe otorgarle acuerdo constitucional a la postulante, que ya ejerce de forma interina el cargo de jueza.
Cuestionamiento
Dice Reggiardo en su presentación que Firpo “ha sido designada como jueza para integrar un tribunal que debía resolver sobre una recusación de un magistrado junto a los doctores Malvasio y Brugo en una causa que se tramita hace más de 8 años” y que involucra al intendente de Santa Elena.Y que la jueza “es cuestionada por su intervención en la causa, ya que como hemos denunciado, formó parte de una integración que se excedió en su ámbito de conocimiento y resolvió cuestiones en las que ella no podía resolver porque le eran ajenas, para clarificar ella estaba designada en un tribunal que se había formado para resolver específicamente una recusación y no una serie de planteos como lo hizo así como los recursos”.
Reggiardo está disconforme con lo que resolvió en agosto último el tribunal conformado por los jueces Santiago Brugo, Gervasio Pablo Labriola y María Susana Paola Firpo, que rechazó el planteo recusatorio que había formulado el abogado contra el vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná Alejandro Diego Grippo en la causa que se le sigue al jefe comunal por supuesto enriquecimiento ilícito, y que también alcanza a su esposa, la senadora departamental, Patricia Díaz.
Antecedentes
La causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se le sigue a Rossi y a Díaz (la segunda investigación de este tenor: ya tuvo condena por una primera investigación judicial) se abrió en 2016, y a pesar de que viene batallando por conseguir su sobreseimiento, la pesquisa judicial sigue en pie.El 11 de febrero de 2020, el exjuez de juicio Pablo Andrés Vírgala (ya jubilado) rechazó, por sexta vez, un pedido de sobreseimiento en la causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2016. Entonces, Vírgala tampoco hizo lugar al segundo planteo que formuló el defensor: el beneficio de la prescripción de la acción penal. “La situación de los investigados es hoy un poco más comprometida”, resumió Virgala al dar a conocer su resolución a la petición que había formulado el viernes 20 de diciembre de 2019 el defensor de Rossi, Carlos Reggiardo.
“Lo único nuevo es una prueba que, lejos de favorecer la postura de los investigados, no hace sino comprometerlos”, evaluó el magistrado al citar la documentación remitida, vía diplomática, por el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay, que certificó que la esposa de Rossi tiene una cuenta de 300 mil dólares.
El último revés ocurrió el viernes 22 de noviembre de 2019. Ese día, el juez de Garantías Nº 2, José Eduardo Ruhl, le dio la mala nueva a Rossi: rechazó por quinta vez el pedido de sobreseimiento. Los argumentos del juez al rechazar la petición defensiva fueron similares a los vertidos en otras oportunidades: que se trata de una causa compleja y que no existe “certeza negativa” para impedir que la Fiscalía siga investigando. En la última decisión, el juez Ruhl tomó un nuevo argumento del fiscal Piérola, quien dijo en base a informes del sistema bancario uruguayo conseguido vía judicial se supo que Rossi y Díaz tendrían un depósito de 300 mil dólares en el Scotiabank de la República Oriental del Uruguay. “Primero Rossi dijo que no tenía cuentas. Después, se discutió sobre la fecha de la apertura de esas cuentas. La evidencia que se pudo recoger hoy, nos da la razón. E indica que lo que se afirmó no era cierto. Hicimos lo que teníamos que hacer: por vía diplomática se pidió la información y esa información, aunque tardó, finalmente llegó. Pedimos vía AFIP y vía Cancillería. Llegó vía Cancillería. El informe lo hizo el Banco Central del Uruguay. De muchas entidades hay informes negativos, pero también hay informes positivos. Hubo que ir a la Justicia del Uruguay para exigir que el Scotiabank nos diera información, porque el banco protegía a su cliente. Por eso el mote que tiene Uruguay de paraíso fiscal”, planteó el fiscal de la causa, Álvaro Piérola.
Más rechazos
Hasta ahora, los sucesivos magistrados que han intervenido en la causa le han rechazado esa petición.El 5 de febrero de este año, el juez de Juicio y Apelaciones Pablo Vírgala rechazó el pedido de sobreseimiento en esa causa por supuesto enriquecimiento ilícito que formuló la defensa del exvicegobernador Rossi; y su esposa, la exdiputada Patricia Díaz.
La petición había sido presentada por los abogados Carlos Reggiardo y Marciano Martínez. Sin embargo, la solicitud no tuvo buena acogida por parte del juez Vírgala, quien confirmó la resolución del juez de Garantías José Eduardo Ruhl de fecha 17 de diciembre de 2018. La resolución de Vírgala fue el cuarto revés para Rossi y Díaz que hace dos años buscan ser sobreseídos y que se le ponga punto final a la investigación. Anteriormente, formulaciones similares fueron rechazadas por el juez de Garantías Ruhl. Primero lo hizo el 15 de septiembre de 2017, luego el 14 de marzo de 2018 y en una tercera oportunidad el 17 de diciembre de 2018.La defensa de Rossi y Díaz enarbola otra documentación proveniente del banco Scotiabank, de la República Oriental del Uruguay, que, afirma, probaría su tesis defensiva: que las cuentas a nombre de Díaz existen desde antes de convertirse en diputada provincial, cargo que ejerció entre 2007 y 2011.
El documento bancario proveniente de Montevideo, fechado el 16 de octubre de 2019, llegó al país vía exhorto judicial internacional el viernes 21 de febrero, según dijo el defensor a Entre Ríos Ahora. En el mismo se informa a la Justicia entrerriana que la exdiputada y actual concejal Díaz, esposa de Rossi, tenía cuenta en el banco desde 2002, por un importe de 300 mil dólares.
“Lo que hoy el banco está diciendo es una cuestión decisiva. El banco está yendo por encima de los 10 años que tiene obligación de informar porque nosotros fuimos los que solicitamos que se revele esa información, porque la política sobre los clientes del banco y las cuentas no la hacen con Rossi, que es un cliente menor, sino con otro tipo de clientes. Nosotros insistimos hasta que se reveló la información, que es clara, que no hubo enriquecimiento de Patricia Díaz cuando fue diputada, ni tampoco hay cuentas que puedan ameritar la apertura de una causa. Nosotros creemos que el camino ahora es el sobreseimiento”, declaró el abogado Reggiardo.
Fuente: Entre Ríos Ahora.