Atención

Esta imágen puede herir
su sensibilidad

Ver foto

Compartir imagen

Agrandar imagen
Guerrero, Penayo Amaya, Firpo, Zoff y Seró.
Guerrero, Penayo Amaya, Firpo, Zoff y Seró.
Guerrero, Penayo Amaya, Firpo, Zoff y Seró.
Los pliegos tomarán estado parlamentario en la próxima sesión de la Cámara de Senadores para ser girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. Las solicitudes de Acuerdos, efectuadas por el Poder Ejecutivo que encabeza Rogelio Frigerio, ingresarán en la próxima sesión del Senado y serán tratadas por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, para cubrir los siguientes cargos:

• GUERRERO Mauricio Javier, para ser nombrado como Juez de Garantía Nº1 (Concordia).
• LEDESMA Francisco Rafael, para Juez de Garantía Nº3 (Concordia).
• SERÓ María Gabriela, para Juez de Garantía Nº4 (Concordia).
• BENEDETTI Nadia Paola, para ocupar el cargo Juez de Garantía y Transición (Villaguay).
• ZOFF Pablo Nicolas, para Juez de Garantía Nº8 (Paraná).
• PENAYO AMAYA Jesús David Alexis, para ser nombrado Juez de Garantía y Transición (Colón).
• MARTÍNEZ Fernando René, para Juez de Garantía y Transición (Nogoyá).
• FIRPO Susana María Paola, para Juez de Garantía Nº3 (Paraná).
• BUDASOFF Mariano, para Juez de Garantía Nº7 (Paraná).
Nombres conocidos
Algunos nombres aparecen más conocidos en el ámbito judicial que otros. Por caso, el doctor Mauricio Guerrero ha cumplido funciones en el Ministerio Público Fiscal de Concordia (en dos períodos. El último comenzó el 30 de septiembre de 2022 cuando el procurador Jorge Amilcar García lo designo en el cargo de Fiscal N°10 interino de la Unidad Fiscal Concordia), su ciudad natal, como también en Gualeguaychú (estuvo allí por dos años y medio).
Durante su estadía en el sur provincial, dentro de las instrucciones penales que tuvo a su cargo se destacan la investigación por el homicidio de Sergio Gómez, por el que fue condenado a 15 años el Jonatan Rodríguez, la investigación por el crimen de Daniel Gimenez y por el homicidio de Manuel García en Islas del Ibicuy.

María Gabriela Seró, en tanto, es un nombre asociado a “La Histórica” Concepción del Uruguay aunque ha nacido en Corrientes, capital. Desde 2009 está en el Poder Judicial de Entre Ríos. Su primera tarea como empleada (interina) del Centro de Mediación del Superior Tribunal de Justicia de Concordia (la ciudad a la que ahora aspira a convertirse en jueza de Garantías).

Posteriormente, fue por 5 años agente fiscal Nº 2 (suplente) de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay.

Jesús David Alexis Penayo Amaya viene desempeñándose, de momento, en el cargo de Fiscal Auxiliar N° 3 de la Unidad Fiscal de Concordia. Es, relativamente, nuevo en el ámbito del Poder Judicial ya que ingresó el 10 de noviembre de 2020, es decir hace menos de 4 años.

Además de asesoramientos en el ámbito público a funcionarios municipales y de algunas incursiones en los medios de comunicación, el concordiense tiene una constante presencia en el ámbito académico. Eso le permitió desempeñarse como docente en el nivel terciario (en el Instituto de Profesorado “Hermano Septimio”) y en el nivel universitario, en carácter de profesor Adjunto, en la materia “Derecho Público”.

En su formación, además de haber egresado en 2007 de la carrera de Abogacía, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, también obtuvo el título de Especialista en Derecho Administrativo, expedido por la Universidad Nacional del Litoral. Además, ha participado en carácter de expositor en eventos científicos de la misma rama del derecho concursado.
CGE y Fiscalía Anticorrupción
En ese ámbito, incluso el de Concordia estuvo tentado a ocupar un cargo en el Consejo General de Educación (C.G.E.). A fines de 2017, Marta Landó lo había elegido para reemplazar a Walter Galarza al frente de la Dirección de Educación Privada. Sin embargo, por "razones familiares y económicas" declinó la oportunidad. Cabe recordar que, en 2022, El Entre Ríos había revelado que Penayo Amaya estaba resuelto a postularse, y lo transparenta sin vueltas, para el cargo de Fiscal Anticorrupción tras la sanción definitiva que había dado a tal creación la Legislatura y la promulgación hecha por el entonces gobernador Gustavo Bordet.

Pablo Zoff, en tanto, ya viene desempeñándose en el Juzgado de Garantías N°5 de Paraná, por lo que si se aprueba su pliego sólo cambiará de sala (está postulado para la vacante en el N°8), no de actividad. Hasta enero de 2023, era integrante de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de la capital entrerriana.

Con anterioridad, más precisamente en 2016, ya había sido designado en el Juzgado de Transición N° 2 luego de la promoción a jueza de Garantías de Paola Firpo.

En su breve paso como juez, Zoff instruyó la causa del cura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de cárcel. El primer juez de la causa fue Alejandro Grippo, luego Paola Firpo, ahora ambos en el Tribunal de Juicios y Apelaciones, y el tercero, Zoff.
Las “Cosechadoras Truchas”
En el Ministerio Público Fiscal había entrado en noviembre de 2018. Entonces, tras atravesar el proceso de selección del Consejo de la Magistratura, Zoff asumió había asumido como fiscal en Paraná y, en ese rol, tomó a su cargo la voluminosa causa que, mediáticamente, se conoció como de las “Cosechadoras Truchas”.

En el expediente, tal como lo recuerda una publicación del sitio “Entre Ríos Ahora”, se investigó el destino de $5,5 millones que recibió la firma Grandes Máquinas, del Grupo Senor, como créditos otorgados por el Estado entrerriano entre 2009 y 2012 para la fabricación de cosechadoras en un establecimiento en Concepción del Uruguay. La asistencia financiera llegó a través del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver), mediante decretos firmados por el entonces gobernador Sergio Urribarri y los ministros de Producción, Roberto Schunk y de Economía, Diego Valiero. Sin embargo, la compañía que fue beneficiada con los fondos fue declarada en quiebra en 2014.

Las mentadas consechadoras nunca llegaron al mercado y la empresa que las iba a fabricar cerró.

El 8 de julio de 2021 el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por los jueces Elvio Garzón, José María Chemez y Rafael Cotorruelo, revocó el sobreseimiento de los empresarios Ricardo Vicente Senor, Sergio Eduardo Scravaglieri, Carlos Ariel Boll, y los funcionarios Leandro Rodríguez y Teresita Mabel López por el delito de defraudación a la administración pública.

Entonces, también se resolvió procesar por el delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta a los exministros Roberto Emilio Schunk y a Diego Enrique Valiero.

Ese fallo revocó la resolución del viernes 8 de mayo de 2020, cuando el juez de Transición Carlos Hugo Ríos (fallecido) dictó el sobreseimiento de todos los involucrados en la causa de las cosechadoras. El fallo benefició entonces a los empresarios Ricardo Senor padre e hijo, a Scravaglieri y Boll; al exministro de Economía Valiero (hoy representante del Estado entrerriano en el banco Bersa) y al exministro de Producción, Schunk; y a funcionarios de bajo perfil, López, coordinadora ejecutiva del Fondo de Inversiones de Entre Ríos (Finver) y Rodríguez, quien fuera coordinador de Gestión del Ministerio de Producción (actualmente está a cargo de la Dirección de Auditoria Interna).

Ahora, el caso de las “Cosechadoras Truchas” quedó en manos del fiscal Gonzalo Badano. En esa investigación la última novedad fue la decisión de la Cámara de Casación Penal de Paraná que confirmó el fallo que había revocado los sobreseimientos de los involucrados. Pero no ha avanzado mucho más allá de eso.
Firpo, una causa de Urribarri y el caso de Rossi
Susana María Paola Firpo es la que, en enero de este 2024, ofició de jueza de feria y tuvo un singular protagonismo este verano. Firpo fue la que decidió abrir la feria para tratar un recurso de queja del abogado Leopoldo Cappa, defensor del empresario de origen paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, sindicado como testaferro en una causa por enriquecimiento que involucra al exgobernador Sergio Daniel Urribarri.

Fue a propósito de la resolución que había adoptado el 22 de diciembre el juez de Garantías Elvio Osir Garzón que autorizó embargos e inhibición de bienes a Cardona Herreros y Urribarri.

El viernes 19, la jueza Firpo, como magistrada de feria, presidió una audiencia en la que escuchó la queja del defensor de Cardona Herreros, y se mostró anonadada al dar cuenta que no había podido acceder a esa resolución ni tampoco al expediente, consignó Entre Ríos Ahora.

Como entendió que los expedientes no tienen “nombre y apellido”, pidió al área de Informática de Tribunales que desbloqueara el acceso al expediente y además adelantó que se había afectado a “terceros” con la decisión por cuanto el defensor Cappa sostuvo que el empresario no habría podido pagar sueldos y a proveedores por tener sus cuentas inhibidas.

El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull reprochó la actuación de la jueza y la recusó. Y argumentó que, en esa audiencia del viernes 19 de enero, la jueza Firpo al brindar los fundamentos de la resolución en forma oral “prejuzgó y dio por ciertos los dichos de la defensa, sin ningún tipo de prueba que lo avale o sin disponer medidas tendientes a corroborarlos”. Además, que la magistrada adelantó «opinión respecto al alcance y contenido de la medida cautelar del caso, al expresar que la misma ha afectado derechos básicos”.

Firpo actuó como vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones en feria y para Ramirez Montrull la magistrada “no sólo que adelantó su postura sino que también en forma apresurada, contraria a derecho y argumentando no querer participar en una denegación de justicia, resolvió en audiencia del día 19/01/2024, poner en conocimiento de la Defensa la resolución del Juez Garzón desconociendo los motivos que llevaron al Juez natural en la causa a resolver”, según resumió Firpo en su resolución.

En consecuencia, no hizo lugar a la recusación ni tampoco al recurso de casación con el que el fiscal pretendía llegar a Casación para cuestionar la resolución adoptada en la causa enriquecimiento del exgobernador Urribarri.

Este 16 de agosto, el apellido Firpo (jueza de Transición N°2 de Paraná) volvió a ser noticia y es porque el tribunal conformado por los jueces Santiago Brugo, Gervasio Pablo Labriola y María Susana Paola Firpo rechazó el planteo recusatorio que había formulado el abogado defensor del intendente de Santa Elena, Domingo Daniel Rossi (PJ), Carlos Guillermo Reggiardo.

Firpo, Bruno y Labriola decidieron rechazar la recusación del juez Grippo y decretar “inoficiosos” los planteos recusatorios contra los jueces Marina Bargatelata, Rafael Martín Cotorruelo y María Carolina Castagno.

Entonces, dejaron conformado ahora sí el tribunal que deberá resolver el primer planteo recusatorio, contra el juez de Garantías José Eduardo Ruhl, que tramita la causa por supuesto enriquecimiento. El caso será tratado ahora por el tribunal conformado por los jueces Santiago Brugo, Alejandro Grippo y Gervasio Labrioala.
Fuente: El Entre Ríos - Prensa Senado de Entre Ríos.

Enviá tu comentario