El Ministerio Público Fiscal decidió unificar tres causas del “Sueño Entrerriano”, eslogan elegido por el ahora diputado provincial cuando en 2014 intentó posicionarse para ser candidato a presidente, en las que se investigó e imputó por diferentes delitos contra la Administración Pública al exgobernador.
Tres expedientes con más de $46 millones
Se trata de tres expedientes en los que la Fiscalía acusa a Sergio Daniel Urribarri por el supuesto uso de fondos públicos para el sostenimiento de parte de su campaña como precandidato a presidente entre 2014 y 2015. Los delitos que se le endilgan van desde peculado, a negociaciones incompatibles con la función pública y fraude al Estado.De este modo, la Fiscalía elevaría a juicio de manera conjunta tres expedientes: la causa por la instalación del Parador playero, que le costó a la Provincia $14.561.870,00; la causa Nelly/Mercosur, en la que se investigó el pago de $28 millones para difundir cuatro spots televisivos durante la Cumbre de presidentes que se realizó a fines de 2014 en Paraná; y la solicitada contra los Fondos Buitre que se difundió en junio de 2014 y que costó $4.308.500,23.
La suma de todas estas investigaciones arroja la cifra de $46.870.370 millones. Para los fiscales, ese dinero público fue utilizado para un uso particular: la campaña presidencial de Urribarri. Debido a ese punto en común, las tres investigaciones serán, eventualmente, elevadas a juicio en conjunto.
Parador
La acusación fiscal señala que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $14.561.870,00 para la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador playero en Mar del Plata en enero de 2015, empleando la contratación en provecho del entonces mandatario para promocionar su precandidatura a presidente en las elecciones generales de 2015.
En este caso están imputados, además de Urribarri y Marsó; el cuñado del exgobernador, Juan Pablo Aguilera; Gerardo Caruso, titular de la empresa “El juego en que andamos”, que montó el parador, y que a su vez es ex director de Contenidos del Fútbol para Todos; y la contadora Corina Cargnel, de las firmas Tep y Next vinculadas a Aguilera.
En tribunales aseguran que los fiscales tienen probado que la firma de Caruso participó de un sistema de retorno de dinero en efectivo hacía el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, por $2.000.000, a través de transacciones bancarias a las empresas Tep SRL y Next SRL –que se le vinculan-, y a otras que actuaron como “intermediarias” como Visual Ilusión SA, Megaprint, Wall Street Vía Pública SA y Fredy Publicidad SRL, por $2.468.700. En resumen, una parte de los 14 millones fueron a parar a la contratación de cartelería proselitista.
Una pieza clave en este sistema, según la tesis fiscal, es la contadora Cargnel, quien también va a juicio en la causa por la distribución millonaria de publicidad en la que están acusados Urribarri, Báez, Aguilera, y socios de las firmas Tep y Next.
Nelly/Mercosur
En esta causa la Fiscalía reprocha la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28.400 millones para la difusión de cuatro spots publicitario de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur. Para los acusadores los videos tuvieron otro fin: difundir la imagen de Urribarri como precandidato a presidente.En este expediente está imputado Jorge Ernesto “Corcho” Rodríguez, quien por estos días está imputados en dos causas de repercusión internacional: Odebrecht (Brasil) y los Cuadernos de las Coimas (Argentina). En Entre Ríos, Rodríguez está acusado de haber sido partícipe en la contratación de Nelly Entertainmet SA, firma que preside.
La Fiscalía sostiene que Urribarri direccionó la contratación de la difusión nacional de los cuatro spots referidos, a favor de la empresa Nelly Entertainment SA, que preside Rodríguez. Además, afirman que contó con información privilegiada que le permitió la presentación de la oferta y hacerse adjudicatario de la misma.
Además de Urribarri y Rodríguez, también está imputado el entonces ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, actual diputado provincial por el PJ; el coordinador de la Unidad Operativa Mercosur, Hugo Félix Céspedes; y del coordinador contable de la Unidad Operativa de la Cumbre Mercosur, contador Gustavo Javier Tórtul.
Según supo Entre Ríos Ahora, para sostener la acusación, una de las medidas de pruebas que elaboró la fiscalía es un cotejo de imágenes de los videos con la campaña presidencial que Urribarri presentó en la Justicia Electoral. Una fuente judicial señaló que el estudio arrojó que se utilizó la misma “estética” proselitista para los videos institucionales de la Cumbre.
Solicitada anti-buitre
La tercera investigación tiene que ver con la contratación de una solicitada publicada en junio de 2014 en 18 diarios nacionales por más de $ 4.308.500,23. La solicitada fue pagada por el Ministerio de Comunicación, que presidía Báez, pero los fiscales consideran que fue otro uso proselitista de los fondos de los entrerrianos.
La solicitada que se publicitó en los medios de gran tirada y portales web se tituló “Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina”. Allí, Urribarri llamó a todas las fuerzas políticas a rechazar a los Fondos Buitre.
El dinero para pagar la difusión de ese escrito salió del ministro de Cultura y Comunicación, a cargo de Pedro Báez. En esos días de junio de 2014, en los medios de comunicación no se hablaba más que de la negociación con los Fondos Buitre y el litigio en el despacho del juez Thomas Griesa.
En su solicitada, Urribarri decía: “Luego del fallo a favor (de los Buitres) reaparecen como fantasmas en el discurso público, propuestas y personajes que habíamos desechado de nuestra cotidianeidad y que nos sumieron en la angustia colectiva hace más de una década con sus profecías y recetas contra el sostenimiento de la misma”.
Y proponía un “acuerdo patriótico donde reivindiquemos todas las políticas que desde 1983 a esta parte han resultado un beneficio de la democracia y el pueblo argentino, y que se instituyan como las bases fundacionales del de un status político, social, económico, y cultural irreversible para nosotros y las generaciones futuras”.