El actual embajador argentino en Israel y Chipre, el exgobernador Sergio Urribarri, declaró este lunes ante el tribunal compuesto por José María Chemez, Elvio Garzón y Carolina Castagno durante más de dos horas, en el marco de las audiencias por el megajuicio que investiga delitos de corrupción durante sus mandatos al frente del gobierno de Entre Ríos.

El exmandatario apuntó contra "un sector de la Justicia, un sector de la política y particularmente un medio de comunicación" como los responsables de lo que calificó como "una operatoria de persecución, desgaste y estigmatización" en su contra. Así fue que le dedicó un apartado a Rogelio Frigerio, a la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche, al juez de Garantías Ricardo Bonazzola y al director de ANÁLISIS, Daniel Enz.

Urribarri se consideró "blanco de esa operatoria del tridente" y dijo que fue porque se planificó atacar a "todo lo que molestaba a la construcción del poder macrista" en la provincia.

En esa línea, apuntó contra Rogelio Frigerio: "El señor del espionaje ilegal y teléfono encriptado, que opera y operó agazapadamente desde que era ministro, porque siempre tuvo intereses en la provincia. Recordamos muy bien como se gestó su desembarco desde 2011, en connivencia con personajes del peronismo. Es un forastero cuyo plan A es seguir haciendo política en CABA y su plan B es desembarcar en la provincia".

"Yo era, soy y seré uno de sus principales obstáculos", advirtió Urribarri al apuntar al exministro macrista.

Luego, continuó diciendo que "es un secreto a voces los anclajes y vinculaciones de Frigerio con intermediarios de un sector del Poder Judicial". "Él y sus asociados apuntaron al disciplinamiento de la dirigencia política asestando golpes contra determinados dirigentes", agregó.

"Desde hace un tiempo se viene develando hechos sucedidos durante su gestión como ministro del Interior. El espionaje realizado por el área de Migraciones, desde donde espiaban, manipulaban y filtraban información a un medio determinado", aseveró Urribarri, quien se quejó que se publicaban fotos de su familia y de su persona mientras estaba en aeropuertos y adjudicó ese hecho a personal de Migraciones: "¿De quién dependía Migraciones en ese momento?".

Continuó su relato para fustigar al director de ANÁLISIS, Daniel Enz, a quien calificó como "la pata mediática de Frigerio". "Le fue fácil a Frigerio reclutarlo, es sabido antikirchnerista", agregó.

"Pero además, Daniel Enz tiene un odio particular y personal contra mi persona. Me ha responsabilizado de distintas cosas. Sistemáticamente, se ha ocupado durante 6 años, con mentiras de todo tipo. Mis familiares y colaboradores han tenido que soportar inmundicias por parte de este vocero del tridente".

Criticó a otros dirigentes políticos, incluso del peronismo, que según Urribarri se convirtieron "en columnistas políticos de sus espacios". Los fustigó diciendo: "Seguramente, les será más redituable atacar a otros. Pero yo jamás me voy a entregar a esa operatoria de amedrentamiento y disciplinamiento con la que intentaron desacreditarme durante 6 años".

"Por supuesto, he pagado el costo de no someterme a esa operatoria. He estado a la parrilla. Esto ha significado un daño que puede ser irreparable, como lo fue con el querido Hugo Céspedes. Nadie se confunda, ese mecanismo violento, inhumano que llevó a cabo el tridente deteriora vidas", expresó Urribarri.

Posteriormente apuntó a actores del Poder Judicial: "Se hicieron allanamientos sin testigos, testigos que llegaron cuando el procedimiento había comenzado, que se fueron antes o que no firmaron todas las actas. Allanamientos que estuvieron a cargo de delegados judiciales, cuya función es una verdadera incógnita. Actos probatorios que se realizaron sin el control de nuestros abogados defensores".

"Novedades del proceso que se filtraban a la prensa antes de notificar a nuestros abogados. Abogados que se enteraban por este mismo medio de lo que sucedía en el expediente. Se trabaron embargos por sumas exorbitantes sin ningún tipo de fundamento o racionalidad", describió Urribarri.

Cargó contra el perito del MPF, Héctor Enriquez, a quien apuntó por realizar "pseudo pericias" y aseguró que elaboró "informes sin ningún tipo de rigor científico y técnico". "No puedo dejar de mencionar al señor Enriquez, que se ha dedicado a hacer informes sobre lo que se sustenta la acusación. Informes que mandan a este medio, para generar indignación social. Hechos con información incompleta, sesgada, falaz", cargó.

"Este señor Enriquez ha hecho informes sin ningún tipo de prurito después de haber sido designado y despedido por nuestra administración, además nos enteramos que tiene afiliación partidaria. Si algo no tuvo este señor fue objetividad", dijo Urribarri a los jueces.

El exgobernador también señaló a los fiscales que investigaron las causas que llegaron a juicio: "Violaron la normativa constitucional, requiriendo nada más ni nada menos el registro de comunicaciones telefónicas. Fiscales obrando como jueces".

Acto seguido, apuntó contra el juez de Garantías, Ricardo Bonazzola, que intervino en las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) que derivaron en este megajuicio por corrupción: "El juez Bonazzola: desoyó, desatendió, todos los reclamos de las defensas incumpliendo su función de juez de Garantías".

"Resulta que cuando hicimos los planteos, resuelve que el planteo se trate en el juicio oral y en esta instancia de juicio se nos dice que esos cuestionamientos a la prueba debieron hacerse ante el juez de Garantía. Ese el juego del huevo y la gallina. Un juego generado a partir de la arbitrariedad de un juez que atropella derechos y garantías. Nada es casual. Tampoco atendió los cuestionamientos de mis abogados sobre los informes periciales", dijo el actual embajador.

Criticó la intervención de bioingenieros en la realización de informes probatorios: "No tienen incumbencias profesionales para hacer lo que hicieron. Esos informes son ilegales. Se llegó a este juicio con pruebas ilegales que violan derechos y el juez de Garantías debió haber cumplido con la misión principal de garantizar la limpieza de este proceso y descartar toda prueba ilegal. No sólo en beneficio de este juicio sino del sistema procesal".

No conforme, atacó la integridad ética y moral del magistrado: "No sé si el accionar se debe a incapacidad, a interés personal, a la debilidad ante cierta presiones periodísticas. Creo que la debilidad ante estas presiones se lleva la de ganar".

"Todo esto no es ni más ni menos que la operatoria que referí antes: el accionar conjunto y coordinado de un sector de la Justicia, medios de comunicación para perseguir y desgastar a dirigentes políticos. Vimos así a algunos actores de ese sector del Poder Judicial operando permanentemente, y vemos a ciertos medios manipulando, machacando, con mentiras, con supuestos hechos que no están probados, con cuestiones que no figuran en el expediente y ni constituyen delitos", expresó Urribarri.

Según el exgobernador, el objetivo de sus acusadores fue "formar una opinión pública y generar de ante mano una condena social".

"Condena social que pueda influir, presionar o condicionar resoluciones judiciales. De esta manera los jueces probos son sometidos a una presión social y los que no lo son, podrán justificar sus sentencias construyendo mediáticamente lo que no se puede sostener jurídicamente. Con ese mecanismo, la gente, la opinión pública, espera la confirmación judicial de todo este relato guionado desplegado durante años", se atajó Urribarri.

Posteriormente -y tal como lo hizo Juan Pablo Aguilera en su declaración previa- apuntó contra la Procuradora Adjunta Cecilia Goyeneche: "En el medio del desarrollo del juicio, nos encontramos con quien encabeza la acusación, me responsabiliza explicita y públicamente de su situación judicial ante la decisión del Jurado de Enjuiciamiento" y citó la nota que realizó la magistrada judicial ante el diario La Nación.

"Está claro que Goyeneche me señala como su adversario y el culpable de su situación personal. Yo me pregunto ¿es realmente objetiva? ¿Es imparcial respecto de este juicio? No, para nada lo es. No obstante, no solicitamos la suspensión de esta causa", dijo el exgobernador.

En esa línea, negó tener que ver con la acusación contra Goyeneche: "No tengo absolutamente nada que ver con lo que sostiene la doctora Cecilia Goyeneche. Quienes la denuncian son justamente quienes motorizaron todas las denuncias en mi contra", afirmó en relación a los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet.

El exgobernador esbozó la tesis de que las acusaciones en su contra se realizaron por "las transformaciones que realizó en la provincia" y porque era una especie de obstáculo para "el desembarco de Frigerio en la provincia". Para eso, enumeró una serie de políticas de Estado que desarrolló durante su gestión en la casa gris e ironizó: "El medio del que hablo, publicó la cantidad de horas que usamos el helicóptero de la provincia y sí, fue para recorrer toda la provincia, incluso a los lugares que se estaban cayendo del mapa".

"Ninguno de los actos que desde hace 6 años se vienen ventilando, desmenuzando, ninguno de estos actos se realizó violando ninguna ley. Pero sí esos actos se realizaron haciendo uso del poder conferido por ese voto popular, poder para tomar decisiones, para dar la cara y poner el lomo. Decir con claridad de qué lado estamos", explicó. En esa línea, fustigó: "Eso se llama gobernar. Quizá es eso lo que tanto molesta y molestó a sectores opositores a nuestro proyecto político".

Luego, agregó: "Ninguna de estas causas debería haber llegado a este juicio. Estamos sentados aquí por carteles en las rutas, por 4 spots publicitarios, por una solicitada y por un parador playero y hablan de megajuicio como una forma sutil que busca instalar una condena social".

"Confío plenamente en que este Tribunal asegure la imparcialidad, la objetividad y las garantías que hasta el inicio de este juicio lamentablemente no hemos tenido. En estos meses he seguido este juicio y se ha demostrado imparcialidad y se ha manejado con equilibrio", halagó a los jueces que deben resolver sobre su futuro.

Dentro de lo que enumeró como políticas públicas de su gestión, valoró "la demanda histórica" del sector Judicial de determinar el enganche que le permite a funcionarios judiciales cobrar los aumentos que dispone la Corte Suprema, como así también las obras que destinó al Poder Judicial. Dijo que "jamás tuve injerencia en el Poder Judicial".

Dijo que "no estamos en este juicio por los errores que cometimos" sino que tiene que ver con "la magnitud de todo lo que hicimos, fue sin lugar a dudas lo que provocó el ataque que sufrimos estos años".

Respecto al "Sueño Entrerriano", expresó: "Por supuesto que tuve aspiraciones políticas, pero siempre con un fin colectivo, jamás con un fin personalista. La pelee siempre. Lo que pasa es que hay sectores políticos, sociales, que no toleran que habiendo nacido en Arroyo Barú, sin tener ese linaje, siendo hijo de un ferroviario y de una maestra rural. No siendo abogado. No toleran que haya sido intendente, presidente de la Cámara de Diputados, ministro, dos veces gobernador y objetivamente un dirigente que de la mano de la mayoría de los entrerrianos hizo mucho por la provincia".

Fuente: Análisis