Asistido por su abogado defensor, Marcos Rodríguez Allende, Aguilera llegó y concluyó el trámite en poco menos de 20 minutos. Frente a los fiscales Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano, se abstuvo de declarar, un derecho que le asiste.
En el montaje del parador de Mar del Plata están imputados por los supuestos delitos de peculado, defraudación a la administración pública y negociaciones incompatible con la función pública, además de Aguilera y su cuñado Urribarri, el exministro de Turismo, Hugo Marsó; la contadora Corina Cargnel, y Gerardo Caruso, socio gerente de la firma "El juego en que andamos SRL" y exdirector de Contenidos del programa "Fútbol para Todos". Este último fue quien cobró $14.561.870,00 por montar los inflables y las palmeras en la playa "La Perla", en Mar del Plata, en enero de 2015.
El viernes 15 de diciembre, Urribarri está citado a indagatoria a Tribunales por esa misma causa. El trámite había sido originalmente previsto para el jueves 30 de noviembre, pero el exgobernador decidió aplazar su visita a Tribunales.
En la Justicia sospechan que a través de la instalación del parador se utilizaron fondos para promocionar la precandidatura a presidente de Urribarri. Es decir, que lejos estaba la intención de promover a la provincia como destino turístico, como se adujo cuando se llamó a la licitación pública para montar "el pelotero", término que se utiliza en tribunales cuando se hace alusión a esta causa de la anterior gestión provincial.
En la causa, Aguilera es señalado como uno de los que, a través de sus empresas Tep SRL y Next SRL, recibió "retornos" provenientes de la contratación de "El juego en que andamos SRL", que levantó el parador en la arena.
La acusación de la fiscalía dice que Urribarri y su entonces ministro de Turismo, Hugo Marsó, sustrajeron $ 14.561.870 de las arcas del Estado provincial para poner en funcionamiento ese punto de referencia en la playa para promocionar la precandidatura a presidente de la Nación del ahora presidente de la Cámara de Diputados.
Para la operación se contrató a la empresa "El Juego en que andamos SRL", que integra Caruso, quien a su vez habría destinado parte del pago con fondos provinciales para sub contratar a la Cooperativa de trabajo "X la Plata Publicidad" Ltda. con el objetivo de realizar una campaña de difusión en la vía pública con la figura de Urribarri. Para los investigadores esa maniobra se concretó, ya que a la empresa subcontratada recibió un pago por $338.800.
Además, la fiscalía acusa que Caruso realizó "retornos" de dinero en efectivo hacia Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, por la suma pesos $ 2.000.000, por medio de transacciones bancarias a las empresas Tep SRL y Next SRL, y las intermediarias Visual, Megaprint SA, Wall Street Vía Pública y Fredy Publicidad SRL, por la suma de $ 2.468.700,00.
Para esa maniobra, la fiscalía considera que Urrribarri y compañía tuvieron la colaboración –para la confección de facturas y retornos- de Corina Cargnel, contadora de las empresas vinculadas a Aguilera.
No es la única causa que salpica al cuñado. La Justicia también investiga la contratación amañada de publicidad con empresas que se adjudican a Aguilera.
Son 46 las órdenes de publicidad que analizadas en Tribunales y que dan cuenta de que fueron "direccionadas" a la empresa de un familiar de Urribarri, que fueron aprobadas por funcionarios del Gobierno, como el exministro Pedro Baez, y su subalterno, Gustavo Tamay, "simulando" que Formato Urbano cumplía con lo que se le exigió, e incorporando en los expedientes de publicidad fotografías repetidas, lo cual, dijeron los fiscales, constituye "falsedad ideológica".
Báez empezó a quedar seriamente complicado en una causa por corrupción luego de que se conociera un dictamen de la fiscal Patricia Yedro. Bajo la mirada de la Justicia están también el cuñado del exgobernador Sergio Urribarri, actual prosecretario de la Cámara de Senadores, Juan Pablo Aguilera. Y el responsable de certificación de publicidades en vía pública del Ministerio de Cultura, Gustavo Tamay.
Báez y Tamay están imputados en la causa "Aguilera Juan Pablo y Otros s/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, fraude a la Administración Pública, peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, falsificación de documentos públicos".
La resolución que firmó Yedro al abrir la causa dice que se investiga si "Urribarri, en su calidad de Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, y Pedro Báez, en un inicio como Director General de Información Pública de Gobierno y posteriormente como Ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos, beneficiaron económicamente a los Sres. Juan Pablo Aguilera, cuñado del primero de los mencionados, Emiliano Giacopuzzi, Maximiliano Sena, Luciana Belén Almada y Alejandro Almada, y a las empresas de las cuales formaban parte, direccionando para éstos, contratos de publicidad del Estado entrerriano, ocasionando un perjuicio económico al Estado Provincial, en una suma que aún resta determinar".
Y agrega: "Así, en el lapso comprendido entre los años 2010 a 2015, de manera arbitraria y constante, sorteando los mecanismos legales para garantizar la libre competencia de oferentes del Estado, sin observar la normativa vigente (Ley Nº 5140 y decretos reglamentarios y Constitución Provincial), direccionaron contrataciones directas emitiendo múltiples órdenes de publicidad", y que tal direccionamiento "se simuló que los contratados cumplían con las prestaciones a su cargo por medio de ficticias constataciones de su ejecución, las que fueron firmadas por Pedro Báez y/o Gustavo Tamay, éste último en carácter de Responsable de Certificación de Publicidades en Vía Pública."
