El exGobernador ya visitó Tribunales para declarar en otras tres causas en las que se investigan delitos de corrupción: el 31 de agosto de 2017 el Ministerio Público Fiscal lo había citado a indagatoria por la contratación de la productora Nelly Entertainment SA, a la que le pagó $28 millones para difundir en canales de todo el país cuatro spots de promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur; Urribarri tiene imputación por peculado en una segunda causa. Es a raíz de la publicación de una solicitada por la que el exgobernador desembolsó 4 millones de pesos de las arcas públicas que apareció en 18 diarios del país y también en portales web el 22 junio de 2014 y en la que la provincia fijó postura en torno a los denominados fondos buitre.
La tercera causa por la que acudió el martes 29 de agosto, casi al anochecer, a los Tribunales, investiga el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en la que están involucrados el exministro Báez y el cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, que ya tiene pedido de elevación a juicio.
Ahora, fue citado por una cuarta causa, junto a Báez y el empresario Buffa.
Los tres habían sido citados a declarar para los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2017, respectivamente, pero los abogados defensores lograron que la entonces jueza María Gabriela Garbarino, titular del Juzgado de Transición N° 1, suspendiera las indagatorias.
Ahora, los imputados tienen que marcar en el calendario una nueva fecha para sus indagatorias. Fuentes judiciales indicaron al portal Entre Ríos Ahora que Urribarri deberá concurrir el 21 de febrero; mientras que Buffa tendrá que presentarse el 23, y Báez, el 26.
En Tribunales se encontrarán con una novedad: declararán en el juzgado de Transición N°3, a cargo de Gustavo Maldonado y no ante Garbarino. Este cambio se debe a que el 19 de diciembre el Superior Tribunal de Justicia (STJ) suprimió el juzgado de Transición N°1 y reasignó las causas al juez Maldonado.
Para evitar ser indagados en diciembre del año pasado, los tres presentaron diferentes excusas. En el caso del exmandatario, su abogado Marcos Rodríguez Allende presentó un pedido de suspensión por licencia médica; mientras que el abogado de Báez, Ignacio Díaz, argumentó que su defendido tenía "una agenda apretada" en la Cámara de Diputados. En tanto, el abogado de Buffa, José Velazquez, manifestó que tenía otras audiencias programadas, que le impedían estar en la declaración de su defendido. El pedido de indagatoria, junto a medidas de prueba, había sido solicitado por la fiscal Viviana Ferreyra. La denuncia tramita con el Código Procesal Penal anterior, lo que significa que es el juez quien lleva adelante las indagatorias y medidas de prueba que solicita el fiscal.
La causa "Global Means"
La investigación se abrió tras una denuncia presentada en 2013 por el diputado nacional (mandato cumplido) Jorge D'Agostino (Cambiemos), quien destacó que durante la gestión de Urribarri y Báez en el ministerio de Comunicación "se utilizó como un patrón el uso de la excepción y el pago previo antes de la cotización, violando las reglas de la contratación pública y el cotejo de precios, así como las reglas de la adjudicación directa, porque todos (los pagos) fueron de mayor valor". Entre las empresas beneficiadas con pauta y que no habría cumplido los requisitos básicos para su contratación se encuentra Global Means SA, que integra el contador Germán Buffa.
D'Agostino advirtió que el gobierno de Urribarri adjudicó 1.000.000 de pesos en publicidad a diarios y revistas, a los que no identificó y 500.000 pesos a Global Means SA, firma comercial con fecha de contrato social el 15 de agosto de 2011, con domicilio fiscal en La Plata, en Avenida 462, Piso 7, Departamento B, entre calles Agrelo y México.
Además, señaló que entre los medios más beneficiados con publicidad estuvieron el canal C5N (perteneciente al Grupo Indalo, cuyo ex dueño fue el empresario Cristóbal López), con 200 mil pesos; SA Entre Ríos (El Diario de Paraná), que percibió 271.000 pesos, y diario Uno (Vila-Manzano), con una cifra que ronda los 800.000 pesos.
Tras las indagatorias, el nuevo juez de la causa, Gustavo Maldonado, debe dictar el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento de los acusados.
Si llegase a procesarlos, la fiscalía podrá solicitar la elevación de la causa a juicio y sumar un nuevo dolor de cabeza para el exgobernador y su exministro. Y es que ambos se enteraron recientemente que los fiscales Alejandro Cánepa y Patricia Yedro pidieron elevar a juicio una causa en la que también están acusados de beneficiar a empresas que se le adjudican a Juan Pablo Aguilera, cuñado del presidente de la Cámara de Diputados.
