La ordenanza en cuestión había sido aprobada en abril en el Concejo Deliberante de Gualeguaychú. La norma prohíbe la aplicación, expendio, almacenamiento, transporte y comercialización de glifosato en todo el ejido de Gualeguaychú.
En uno de sus artículos, la ordenanza establece que la Dirección de Ambiente, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, la Dirección de Inspección General y la Dirección de Tránsito, dependientes de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Gualeguaychú, sean los órganos de aplicación y control.
En otro apartado se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a conformar una comisión ad hoc, que tenga por objeto el estudio y seguimiento de la temática, donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas integrantes del Concejo Deliberante, como así también las áreas competentes del Poder Ejecutivo, pudiendo ser invitadas a participar las instituciones y organizaciones intermedias que desarrollen actividades vinculadas a la defensa del ambiente y de la salud.
“La prohibición no admitirá ningún tipo de excepciones posteriores de ninguna índole”, indica la norma, al tiempo que establece una serie de sanciones específicas, más allá de las penas que correspondan por el código de faltas municipal.
Seis empresas de la zona pidieron a la justicia que declarara la inconstitucionalidad de la ordenanza, a lo que hizo lugar el juez Seró. Luego de una controversia jurisdiccional con el juez provincial Eduardo Ferreyra, que durante la feria revocó lo dispuesto por Seró y le pidió que se inhibiera de actuar, finalmente el caso quedó en órbita de la Justicia Federal, que ahora ratificó la vigencia de la ordenanza.
“El sentido y legitimidad de la prohibición del glifosato es indiscutible. Los gobiernos locales, por mayor cercanía con la comunidad y mayor conocimiento de las problemáticas emergentes pueden y deben actuar y legislar en materia ambiental, a favor de los intereses colectivos. El glifosato enferma y mata. Y el pueblo de Gualeguaychú está dando un mensaje claro: no renunciaremos por nada al bienestar de nuestros hijos, no negociaremos por ningún interés privado el futuro de la comunidad, no aplazaremos un minuto realizar el mandato que nos dicta la razón, la conciencia”, expresó al inicio de la pelea judicial el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio.
En agosto de este año se conocieron estudios que certificaron que el herbicida glifosato, comercializado por la multinacional estadounidense Monsanto, produce cáncer y así lo dictaminó un tribunal de San Francisco (Estados Unidos). El fallo obligó a la compañía a desembolsar 289 millones de dólares para indemnizar a Dewayne Johnson, un jardinero y agricultor norteamericano que contrajo la enfermedad luego de pulverizar con el plaguicida entre los años 2012 y 2014.
