De su lectura surge la vinculación de ese uso con una situación de “peligro inminente”, la que en el mencionado protocolo se considera que existe en los casos siguientes:
- Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas.
- Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba del símil de un arma letal.
- Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal.
- Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque.
- Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona.
- Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves.
- Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas.
Esa enumeración sirve por sí sola para confirmar una situación conocida por todos, cual es que estamos en una suerte de “estado de guerra interna”, en el cual resulta que el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza, lo que es causa-efecto de su impotencia para encarar el problema de otra manera que no sea avanzando a la instauración de la “ley de la selva”.
Si se tratara de describirlo de una manera irónica – que deja de lado la seriedad preocupante con que debe ser analizada la cuestión- diríamos que “Bolsonaro ha desembarcado entre nosotros”.
De allí que, para no caer en un estado de cosas que potencialice la actual situación de desenfreno –la misma frente a la cual, no resulta difícil predecir que una parte importante y hasta mayoritaria de la población ha de mirar con simpático beneplácito- se hace necesario que los jueces presten una atención cuidadosa caso por caso, a las circunstancias en las que se invoca el protocolo como eximente de responsabilidad ante la actuación penal, para evitar lleguemos a un desmadre mayor al que, sobre todo en las grandes ciudades, se asiste actualmente.
A la vez y como complemento, se hace indispensable que dentro de las fuerzas de seguridad se extremen las medidas para efectuar una depuración que permita erradicar toda posibilidad de vinculaciones entre algunos de sus integrantes con delincuentes, al mismo tiempo que se avance en lograr que los nuevos integrantes de la fuerza pasen a ejercer los servicios a su cargo con una eficacia no exenta para nada de prudencia.
