Será la Procuración General del cuerpo la que determine si es competencia de la Corte definir este tema. Las presentaciones las realizaron Formosa, Tierra del Fuego, Catamarca, Chubut, La Pampa, La Rioja, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe y San Juan.
Si bien Entre Ríos no integró el grupo de las provincias reclamantes, desde la Casa Gris dejaron trascender que el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, ya tienen listo el escrito para interponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) demandando al Estado federal por la rebaja del IVA y Ganancias. Solo restaría que el gobernador Gustavo Bordet firme el documento y sea ingresado al alto tribunal en una presentación que se basa en solicitar la inconstitucionalidad de la medida y que se remitan a la Provincia los fondos que fueron detraídos con intereses.
La presentación
El escrito tiene 39 fojas y sus argumentos centrales fueron consensuados con otros estados provinciales. Además de la revisión final de argumentos, resta que el Gobernador Bordet estampe su firma para poder ser recibido por la CSJN. Es que la jurisprudencia del alto tribunal sólo reconoce al mandatario provincial la personería para interponer este tipo de demandas.El documento tiene cuatro planteos centrales:
1- El pedido de que la Corte declare la inconstitucionalidad de los decretos 561 y 569 que contienen estas rebajas.
2- Una medida cautelar pidiendo que se suspenda la aplicación de estos decretos.
3- Una vez declarada la inconstitucionalidad de las medidas, que el Estado nacional realice la distribución de fondos coparticipables, computando dentro de la masa de dinero a repartir los montos que fueron dejados de percibir por Entre Ríos debido a la sanción de los decretos 561 y 569.
4- En consonancia con el punto anterior, que la Corte ordene a la Administración Macri a restituir los recursos que Entre Ríos dejó de percibir por la vigencia de esta normativa.
Dentro de los argumentos que el Estado provincial planteará ante los estrados de la CSJN, tribunal señalado por la Constitución Nacional como el responsable para dirimir cuestiones entre las Provincias y la Nación, la Fiscalía de Estado de la provincia ha subrayado que la modificación del IVA debe darse de manera concertada entre la Administración Nacional y los estados provinciales, dado que es un impuesto indirecto que debe fijarse de manera “concurrente” entre el Congreso y las provincias.
Es decir, debe darse una ley convenio, sancionada por ambas Cámaras nacionales y aprobada por las Legislaturas provinciales.
