Sería lógico esperar de personas con tan alta investidura como la de los nueve miembros del Superior Tribunal de Justicia, a quienes cabe una enorme responsabilidad en el cuidado de la paz social en estos tiempos complejos de la Pandemia, que cultiven un estilo sereno, mesurado, superador de los conflictos, que los arbitre en vez de azuzarlos, alejados del “ojo por ojo, diente por diente” de la antigua Ley del Talión. O sea, que ejerzan la virtud de la prudencia, dispuestos a apagar el fuego en vez de oficiar de incendiarios. En fin, que no pierdan los estribos y que guarden esa “compostura” de la que hacía referencia el Editorial de El Entre Ríos de este jueves. Pero…
La redacción pulida no alcanza a disimular el tono confrontativo, agresivo, ríspido, con el que el Superior Tribunal de Justicia se dirigió al Colegio de Abogados de Entre Ríos. ¿Era necesario? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No habría alcanzado simplemente con exponer una vez más los fundamentos y presuntos resultados de la modalidad elegida para transitar esta cuarentena?
En lo que va de mayo, el “alto” tribunal ha caído “bajo”. Primero, el entredicho -ahora judicializado- entre dos de sus integrantes, que derivó en una denuncia por violencia de género, expuesta en la vidriera de la prensa nacional, para vergüenza de la entrerrianía. Luego, esta escalada del conflicto con los “operadores del derecho”.
El último párrafo no puede ser más desafortunado. En buen romance, pide a las autoridades provinciales del Colegio de Abogados de Entre Ríos (CAER) que le tapen la boca (y no con un barbijo sino con una mordaza) a las secciones del interior. Dice la carta: “Siendo atribución del CAER (conforme Ley Nº 4.109) ‘la representación de todos los Abogados de la Provincia en sus relaciones con los poderes públicos en cuestiones que atañen a la profesión’, este STJ entiende que deberían adoptarse las medidas pertinentes a fin de evitar - sin desmedro del legítimo ejercicio de derechos constitucionales – que secciones del Colegio soslayen aquella facultad so pretexto de remitir ‘cartas’ a sus colegiados, las que, de contenido falaz, carente de seria argumentación y sumamente ofensivas, se difunden masivamente por redes sociales y otros canales de comunicación”. Es evidente que los jueces están molestos por esas presuntas “falacias”. Quienes hace ya mucho que estamos expuestos a todas las pestilencias que suelen campear a sus anchas por las redes sociales, y no por ello se nos ocurre pedir que se amordace a nadie, les damos la bienvenida a la realidad. Si, como dicen, se han sentido agraviados y ofendidos, ¡qué acertado habría sido que en vez de devolver golpe por golpe, hubieran encausado el conflicto con altura y magnanimidad! Y si creen que el asunto pasó a mayores y fueron víctimas de injurias graves, que no olviden –si se permite la ironía- que pueden recurrir al servicio de Justicia, un camino que luce más serio que recomendarle al CAER que adopte esas “medidas pertinentes” que no especifican pero que huelen a censura.
No otra cosa que un golpe “bajo” pareció que el STJ revelara que durante la cuarentena se han pagado 107 millones de pesos en “honorarios profesionales y capital para los justiciables”. La cifra “parece mucho pero se vuelve ínfima si se hace el simple ejercicio de dividirla por los miles de matriculados de la provincia. Además, a no pocos profesionales no les ha tocado ni siquiera una feta de esa torta”, comentó una abogada que se contactó con El Entre Ríos, haciendo catarsis.
La carta logró unir en una misma bronca a abogados que no suelen ponerse de acuerdo en muchas cosas ni transitan por las mismas veredas políticas. Pasadas las 20, asomó a la opinión pública una solicitada de un “grupo” de profesionales concordienses que destila indignación. En el punto 12) le dicen a los jueces del Superior: “No cuidan a la ciudadanía con valores de solidaridad recíproca, sino con un sentido corporativo e individualista”. Y en el 13) agregan: “Los abogados y el resto de la ciudadanía podemos exponernos en nuestros estudios jurídicos y en las calles trabajando, pero los funcionarios y empleados del Poder judicial son una clase especial a la que la ciudadanía debe resguardar”. El convulsionado jueves de la justicia entrerriana tuvo otro condimento. El abogado Martín Jáuregui, de zigzagueante militancia política, hizo pública una observación con la que coinciden la mayoría de sus colegas, incluso los que en poco o en nada se sienten cercanos a él. “Los funcionarios judiciales salen de tarde a los supermercados de compras y algunos sin barbijo, mientras mucha gente espera cobrar algunos juicios que realmente necesitan, entre muchas deficiencias puntuales del poder Judicial”, disparó, en diálogo con FM Inolvidable de Colón. Y remató: “A nosotros nos preocupa como abogados, los procedimientos de este alto cuerpo que están a la vista, entre denuncias internas y respuestas donde no abren la puerta para trabajar”.
Así las cosas, la pausa del fin de semana tal vez sirva para que se revisen actitudes y la Justicia entrerriana pueda recuperar la “compostura” perdida.
