“Que la crisis la pague el capital financiero, los que jamás aportaron”, reclama el plenario que apunta particularmente contra los artículos 4, 5 y 6 del proyecto en los que se modifica la escala de aportes a la Caja de Jubilaciones, en los salarios de más de 75 mil pesos.
“Las trabajadoras y trabajadores no estamos dispuestos a ser, una vez más, la variable de ajuste ni a sostener en nuestras espaldas los costos altísimos de esta crisis. Mucho menos cuando hemos sido, precisamente, quienes venimos sosteniendo cotidianamente la educación y la salud públicas en estos tiempos de pandemia, por lo general en la primera fila, atendiendo los comedores escolares y enseñando a distancia; en los hospitales y en los centros de salud, con salarios carentes de toda recomposición incluso desde antes de declararse la presente emergencia sanitaria”, cuestiona la organización gremial.
“A pesar de encontrarnos en frente a un escenario jamás imaginado por nadie, el esfuerzo y el compromiso asumido son ejemplo suficiente de la concepción de solidaridad que tenemos los trabajadores”, señala Agmer que marca su presencia “en distintas formas frente al avance de la pandemia, en los comedores y merenderos, brindando nuestras instalaciones como lugar de resguardo y aislamiento, en la provisión de insumos para elementos de prevención. A esto lo seguiremos haciendo, convencidos de que junto a nuestras maestras y maestros, profesoras y profesores y los equipos directivos ponemos por delante nuestras mejores actitudes de entrega y sacrificio para lograr superar estos tiempos”.
Desde ese rol, el gremio dijo entender que el concejo de “aporte solidario” del proyecto “es absolutamente falaz”. “Las y los trabajadores de esta provincia ya hemos puesto lo suficiente en esta crisis, rechazamos el aumento de los aportes previsionales personales; repudiamos firmemente la actitud velada de modificar el 82% móvil y demandamos a la Legislatura de la provincia en su totalidad, diputados y senadores provinciales, que se abstengan de aprobar este proyecto de ley que atenta contra derechos históricos conquistados por la clase trabajadora”.
Se pide, concretamente, eliminar los tres artículos en cuestión en el proyecto por dos motivos porque significan “un saqueo al bolsillo de los trabajadores activos y jubilados” y porque se observan “sectores económicos que no están dispuestos a hacer ningún esfuerzo, mucho menos ‘solidario’. Y eso no es, en absoluto, ‘justicia social’; es mezquindad”.
Afirman, en este contexto, que el proyecto, con la redacción que tiene, “carece de cualquier pretensión progresista” porque “para las y los trabajadores el aumento de los aportes personales es una medida regresiva. Ya lo hemos manifestado reiteradamente: es salario, no es ganancia. Y en contextos de agudización de crisis económica como la que transitamos, tocar los haberes de los trabajadores adquiere un matiz fuertemente confiscatorio”.
Destino de los fondos
El gremio advirtió que los aportes que se pretenden imponer a los salarios más altos “no irían a financiar nuestra Caja de Jubilaciones” y al respecto tomaron nota de la información oficial que da cuenta de que los fondos logrados con la emergencia son coparticipables: “Ese dinero se destinará a aportes coparticipables con los municipios de la provincia, o sea que los descuentos que recibiríamos los trabajadores, pasarán a engrosar las Rentas Generales de la provincia, en vez de ir a su lugar legítimo que es nuestra Caja previsional”.“Al supuesto déficit de la Caja no lo generamos los trabajadores y tampoco lo debemos pagar nosotros; mucho menos los compañeros jubilados. Esto se suma al atropello y manoseo por parte del gobierno cuando se nos instaló por fuerza de Ley el impuesto a las ganancias a la clase trabajadora”, se agrega.
Como se plantea en el documento de la Multisectorial de Entre Ríos, que integra Agmer, “es hora de que el esfuerzo solidario lo hagan los sectores concentrados de la economía que –sistemáticamente- vienen escapándose del esfuerzo contributivo”. Por eso instan a “profundizar en lo que prescriben los artículos 7, 8 y 9 con el incremento de gravámenes a entidades financieras, el comercio mayorista de medicamentos para uso humano, y el impuesto inmobiliario anual, a las superficies iguales o superiores a un mil (1.000) hectáreas. Consideramos que estos son los sectores, entre otros, que hoy deben ser solidarios frente a la crisis provocada por la pandemia”.
Además, llaman a “avanzar decididamente con el impuesto a las grandes fortunas, redefinir el rol del agente financiero de la Provincia, en función de asistir y promover las actividades económicas de interés para el desarrollo productivo regional, del incremento en las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos a las entidades financieras impidiendo el encarecimiento del crédito, y rever el esquema tributario en cuanto al Impuesto Inmobiliario Rural, desalentando la especulación y la existencia de latifundios. Señalamos que otro de los sectores económicos a revisar con acuerdo de los intereses provinciales son las actividades de la minería, cuyos mecanismos de asignación de concesiones, permisos de extracción, control de la actividad y su tributación, debe ser observada teniendo en cuenta la irreversibilidad del proceso extractivo y sus consecuencias”.
“La profundización de la crisis económica, social y sanitaria ha golpeado con dureza sobre el salario de las y los trabajadores, y la docencia de ninguna manera es la excepción. En Entre Ríos el avance de la pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta y una paritaria abierta. Hoy gran parte de nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar”.
Medidas
El plenario exigió “la urgente convocatoria a la discusión salarial que ponga los ingresos por arriba de los índices de pobreza y dé cuenta de los índices inflacionarios, tal como fueron las palabras del Gobernador Bordet. Sostenemos que el salario no es ganancia y exigimos urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los acuerdos paritarios anteriores”.Se repudió la intención de “ajustar el salario de las y los trabajadores mediante proyectos claramente regresivos y confiscatorios”.
Se exigió a la Legislatura “que se abstenga de avanzar en el tratamiento de cualquier punto que signifique cercenar derechos adquiridos. Demandamos que estén a la altura de lo que hoy necesitan los sectores laborales, en una de las peores crisis de la historia nacional y mundial”.
El gremio se declaró en estado de alerta permanente y manifestó que “es hora de que los costos de esta crisis la paguen los capitales concentrados de la economía, verdaderos responsables de las angustias del pueblo”.
Se dispuso un “apagón” (desconexión virtual) en todo el sistema educativo para los días miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio junto con la declaración de “no regreso a las actividades presenciales de toda la docencia entrerriana, en caso de aprobarse el proyecto de ley de emergencia presentado por el gobernador ante la legislatura provincial y mientras no estén dadas las condiciones edilicias, sanitarias y salariales luego de la pandemia”.
Las departamentales promoverán otras acciones a nivel local y se anunció la puesta en marcha de una campaña en redes sociales “en defensa de nuestros derechos y conquistas”.
