Ante esto, el juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores resolvió en la tarde de este viernes disponer medidas de protección en beneficio de Dolores Etchevehere con domicilio actual en Establecimiento Casa Nueva, Santa Elena; las que deberán ser cumplidas por: Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere por el plazo de 30 días.
La resolución del magistrado se da en el marco del legajo caratulado "Etchevehere Dolores S/ su denuncia – Extorsión en contexto de violencia de género”. El pedido de las medidas resueltas por Flores fueron ante la presentación y solicitud de la fiscal actuante María Constanza Bessa.
Las medidas son las siguientes:
1.- Cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona.2.- Prohibición de acercamiento al Casco del establecimiento rural Casa Nueva, sito en localidad de Santa Elena; lugar donde se encuentra actualmente la Sra. Dolores Etchevehere; debiendo respectar el cordón policial preventivo, ubicado en el ingreso sobre Ruta Provincial N° 48.
3.- Prohibición de acercamiento a cualquier lugar público y/o privado en que Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del Establecimiento Rural Casa Nueva junto a ella se encuentren.
4.- Prohibición de realización de actos violentos, molestos y/o perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales.-
Notificación a la familia Etchevehere
El magistrado dispuso librar oficio a la Comisaría N° 17 de Paraná (E.R.), a fin de que procedan a notificar a: Luis Miguel , Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere y a Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere, de la presente resolución, bajo apercibimiento de que en caso de incumplimiento, incurrirán en el delito de desobediencia judicial previsto en el art. 239 del Código Penal, a la vez que su incumplimiento será evaluado negativamente en caso de que debiera ser indagado por los hechos que motivaron el inicio de la presente investigación.La reacción de Pagliotto
El abogado Rubén Pagliotto, representante de la parte querellante particular Las Margaritas S.A., definió a esta decisión judicial como “una suerte de mordaza. No pueden ingresar a su propio campo”.“No sé cuándo ni cómo pudieron extorsionarla a Dolores sus hermanos y madre de 83 años, cuando ella está en el acto de toma, adentro del campo, y ellos afuera y su madre en Paraná”, reflexionó Pagliotto.
Respecto al último punto en lo que hace a las restricciones, que indica la “prohibición de realización de actos violentos (…) tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados (…) por cualquier medio radial, televisivo y/o redes sociales”, el abogado aseguró que “lo que no pueden, según el oficio, es ejercer violencia o intimidación, pero pueden y tienen derecho a decir u opinar sobre el despojo que sufrieron”.
