Robles fue absuelto del delito de peculado el 22 de marzo de 2021 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. También fueron absueltos la exsecretaria de Hacienda y Economía, la contadora Leonor Evangelina Winderholler; y el exsecretario Gobierno, Jorge Jesús Waigel. Todos llegaron a juicio imputados de haber realizado acciones de ayuda social como forma de captar votos en el marco de una campaña electoral. La causa comenzó a tramitarse en 2016, tras la denuncia del actual intendente de Crespo, Darío Schneider (Juntos por el Cambio).
Sin embargo, las absoluciones fueron anuladas el 19 de noviembre de 2021 por la Cámara de Casación Penal de Paraná. En esa resolución, la camarista Marcela Davite señaló que “el razonamiento de la sentencia no sigue una cadena inferencial, pasa de una argumento a otro, haciendo conclusiones parciales que luego no se relacionan entre sí y descarta elementos de juicio relevantes sin justificación alguna”. Contra ese fallo la defensa de Robles, Winderholler y Waigel presentó un recurso extraordinario para que la causa sea analizada por el máximo tribunal penal provincial, pero la misma Cámara se lo denegó. De inmediato, la defensa técnica introdujo un recurso de queja directamente ante la Sala Penal del STJ, que deberá atender la cuestión.
Según supo Entre Ríos Ahora, el recurso fue interpuesto los primeros días de marzo de este año. La Sala la integran el vocal Daniel Omar Carubia, Miguel Ángel Giorgio y Claudia Mizawak.
Las absoluciones y el nuevo juicio
Al absolver a los imputados, en marzo de 2021, el juez Pablo Vírgala -que integró el Tribunal junto a los jueces Gustavo Pimentel y Alejandro Grippo- remarcó que los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani no lograron probar el delito de peculado.La tesis acusatoria decía que los insumos comprados de forma directa a tres corralones de la ciudad -Agrícola Regional, Nutritotal y Nutrihaus- luego se entregaban a vecinos sin respetar normativa alguna, como la ordenanza 3/2003, que regula el otorgamiento de los subsidios a personas físicas y jurídicas; la 53/96 y 55/11, que regula las órdenes de compra y contrataciones, y la ley provincial de contabilidad pública, N° 5140.
El Tribunal no lo vio así. “De los testimonios recibidos en debate pudimos entrever que la documental aportada por la denunciante no resultaba confiable”, señaló el fallo absolutorio y agregó que también se observó que en la gestión de Cambiemos, a cargo de Darío Schneider, existió “la orden de buscar aquello que pudiera comprometer a Robles” y se señaló que también se entregó información incompleta a la contadora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que realizó la auditoría que sirvió para hacer la denuncia penal.
Sin embargo, este razonamiento fue revocado ocho meses después por la Cámara de Casación Penal. “En este juicio la cuestión central radica en determinar si, de acuerdo a la prueba, los imputados fueron autores del delito de peculado. Sin embargo esta cuestión concreta no fue abordada en ningún momento de la sentencia”, señaló en su voto la vocal Davite.
“En efecto el Departamento Ejecutivo -acotaba luego la magistrada- no estaba autorizado para disponer fondos de esa manera. En consecuencia, cada disposición configuró un desvío en la ejecución del presupuesto injustificado; es decir, se trataba de una maniobra contraria a lo dispuesto en los artículos 152, 155 y 156 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal, que estaba orientada a beneficio de terceros, que sin las formalidades y sin ningún control interno, accedieron a las donaciones que se registran en las 261 carpetas. Y este es un punto de inflexión para la comprensión de la ilicitud de esta maniobra, que sólo puede entenderse mediante un análisis racional del bloque normativo que regula la actividad del Ejecutivo Municipal”.
“El Presidente Municipal debía ejecutar el presupuesto vigente de acuerdo a la distribución analítica de los créditos previstos en los clasificadores presupuestarios. No podía alterar el objeto del gasto presupuestario y usar los fondos depositados en esas partidas para entregarlos a particulares. En definitiva, entender que el Municipio no estaba haciendo entrega de dinero, es un artilugio. Lo que salía de las arcas del Estado era dinero, sólo que en vez de entregarlo al beneficiario, se lo entregaban a dos corralones en particular, que sin licitación pública vendían ´sus especies´”, añadía.
El actual intendente de Crespo, Darío Schneider -en la foto, junto a quien hoy es diputado Julián Maneiro- denunció a su antecesor, Ariel Robles.
Al voto de Davite adhirieron sus colegas Marcela Badano y Hugo Perotti. Y de ese modo, Casación hizo lugar a la apelación de los fiscales Gonzalo Badano y Franco Bongiovani, y anuló la absolución de todos los imputados. Además, remitió el expediente a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA), “a fin de que un nuevo Tribunal debidamente integrado dicte una nueva sentencia ajustada a derecho”.
Lo cierto que todavía nada está dicho, ya que la última palabra la tendrá la Sala Penal del STJ.
