Desde el máximo órgano judicial habían solicitado a la magistrada que se expida tras conocerse lo expresado por la Cámara Nacional Electoral en la discusión sobre la jurisdicción en la que debe continuar la investigación sobre las irregularidades. La jueza firmó su dictamen el 2 de mayo pasado y ya está en las oficinas de la Corte.
Cabe recordar que la causa estaba trabada por una discusión sobre la competencia tras la intervención del juez federal Daniel Alonso, que dio luz verde al reclamo de los abogados defensores que pretenden llevar la investigación a la Justicia nacional. Desde entonces, se está discutiendo procesalmente sobre quién debe llevar adelante la investigación.
El argumento de los abogados y del juez Alonso tiene que ver con el destino de los fondos presuntamente sustraídos en el marco del desvío de dineros públicos a través del mecanismo de contrataciones truchas en el Poder Legislativo. Puntualmente, hacen hincapié en el posible uso del dinero sustraído para el financiamiento de las campañas electorales.
En relación a la postura de Alonso, Barbagelata explica que “tal posición pareciera partir del error que existe un delito de financiamiento ilícito de partidos políticos autónomamente regulado, sin embargo tal figura penal no existe, ni de competencia Federal Electoral ni de ninguna competencia”.
“Solo podrá el juez federal con competencia electoral arrogarse el conocimiento de delitos originariamente de competencia ordinaria, exclusivamente cuando en el marco de los procesos previstos en las leyes electorales, es decir, durante el trámite de un proceso de control patrimonial del financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, surgiera o fuese denunciado un delito tipificado en el Código Penal o sus leyes complementarias, que estuviera relacionado al origen de los fondos, cuyo control de legalidad se está auditando. En ningún otro caso”, agregó la magistrada en su respuesta a la Corte.
En esa línea, insistió: “La competencia federal electoral no surge por la denuncia del destino del provecho de cualquier delito, la competencia federal electoral surge por la denuncia del origen aparentemente delictivo de dinero que no cuadra en la rendición y control patrimonial de cuentas, es allí donde se produce el punto de conexión y opera el ‘fuero de atracción’”.
En ese entendimiento, si los fondos presuntamente sustraídos son originalmente del presupuesto provincial y el hecho ocurrió dentro de los límites de la provincia, el posible delito debe investigarse en el ámbito de la Justicia ordinaria, independientemente del destino final del dinero robado.
Ahora los abogados defensores insistirán en la presentación de recursos ante el Superior Tribunal de Justicia y, de ese modo, buscar que el expediente pase a la Justicia Federal. Mientras tanto, la competencia es provincial y Fiscalía intentará avanzar en la acusación contra los imputados de la causa de corrupción más relevante de la historia reciente de la provincia.
