La maniobra que se les atribuye a los tres imputados consistía en el cobro de una “comisión” a contratados de la municipalidad, como condición para que accedan al contrato y luego para su renovación.
Fue un audio que circuló primero en redes sociales y que luego fuera publicado por El Entre Ríos el primer indicio de los hechos investigados en la causa. En él se escuchaba presuntamente al esposo de la exconcejal Julio Sáenz en el momento en que planteaba a un contratado el porcentaje de sus honorarios que debía entregar.
La investigación llevada a cabo por el fiscal José Arias derivó en una imputación en la que se señalan seis hechos similares. En el primero de ellos, fiscalía describe que Julia Elena SÁENZ, “abusando” de su cargo de Concejal, “le exigió a D.R.R., como condición para gestionar su nombramiento y la renovación sucesiva de los contratos laborales con la Municipalidad, que le entregue o pague indebidamente un porcentaje de cada uno de los salarios y aguinaldos percibidos en ese período de tiempo”.
Según trascendió, el dinero de las comisiones de los contratados no era formalmente depositado en cuentas de un partido político o de una agrupación sino que era entregado a los imputados.
Aunque la solicitud formal de la pena sobrevendrá una vez que se produzca del debate oral y público, en el auto de remisión a Juicio se alude a los 10 años de prisión como una estimación previa efectuada por Fiscalía para el caso de Julia Sáenz, 7 años para Carlos Alberto Gómez y 3 para Juan Manuel GÓMEZ, más multa, inhabilitación absoluta, accesorias legales y costas.
La lista de testigos ofrecidos por ambas partes contiene nombres muy conocidos en la política concordiense. Por caso, figuran Enrique Tomás Cresto, Alfredo Francolini, Armando Gay, Álvaro Sierra, Daniel Cedro, Fernando Barboza, Magdalena Reta, Carola Laner, Martín Santana, Gabriela Francia, Claudio Gastaldi, Marcelo Cresto y Luis Goy.
En la audiencia de remisión a juicio, el abogado defensor de los imputados, el Dr. Rafael Briceño, no dudó en atribuir la causa a la prensa.
“A modo de introducción –expresó-, voy a sostener que esta es una causa originada por un medio amarillista, El Entre Ríos, y por la denuncia de dos concejales, Reta de Urquiza y Carola Laner”.
“Quiero recordar –agregó- que las organizaciones políticas se nutren del aporte de sus militantes. Es más, a los funcionarios de más alto rango, como se hace en la municipalidad, hasta se les descuenta el aporte de sus haberes para el partido Justicialista. Todas las personas que han sido cuestionadas o a las que les hacen esta retención de haberes, salvo una, eran integrantes de una agrupación que integraban Gómez y la concejal Sáenz y se había acordado en grupo que todos los que accedieran, luego del triunfo, a la municipalidad, iban a hacer sus aportes a la agrupación”, para sostener sus gastos, como “alquiler de locales, propaganda, viajes, conferencias y también para asistir a quienes tuvieran mayores necesidades”.
Lo explicado por Briceño constituye un adelanto de la que será una de sus principales estrategias de defensa, procurando equiparar las “comisiones” investigadas con “aportes formales” a un partido político, en este caso, a una agrupación.
