El INECIP es una fundación que inició sus actividades en el año 1989 en Buenos Aires, Argentina, con la misión de contribuir a la consolidación y el progresivo fortalecimiento del Estado de Derecho en los países de América Latina y del Caribe.
En los últimos años, legisladores nacionales de distintas fuerzas políticas han presentado propuestas para poner en práctica el modelo de juzgamiento establecido por la Constitución Nacional.
“El Congreso se encuentra ante una oportunidad única de implementar una herramienta que ya demostró, a nivel provincial, su enorme capacidad de mejorar la administración de justicia”, indican desde el INECIP.
En la última década, 11 provincias, gobernadas por distintos partidos y que concentran el 70% de la población nacional, aprobaron leyes que establecieron el modelo clásico de jurados en materia penal. Los casi 1000 juicios realizados en el país demuestran que este sistema aumenta la legitimidad de la justicia y la confianza ciudadana. El Congreso Nacional tiene proyectos con estado parlamentario que receptan lo mejor de la experiencia práctica y jurisprudencial a nivel nacional e internacional.
Es en ese marco, que Bordet y Harfuch, abordaron el funcionamiento del juicio por jurados en la provincia de Entre Ríos que impulsó el exgobernador durante su segundo mandato y que fue considerada una histórica reforma al sistema de justicia entrerriano. La provincia lleva casi 100 juicios realizados y más de 1000 entrerrianos y entrerrianas participaron como jurados populares.
“Hemos cumplido con una obligación constitucional y hemos asegurado a los ciudadanos y las ciudadanas la posibilidad de acceder, como un derecho y como una obligación, a participar de procesos judiciales”, expresó Bordet.
“Con el juicio por jurados dimos un paso fundamental en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en la democratización de nuestro destino en común, en transparencia, participación y credibilidad que fuimos capaces de proveernos como sociedad”, expresó el exgobernador.
“Llegamos a este hecho histórico gracias al consenso de los tres poderes del Estado, de las fuerzas políticas con representatividad parlamentaria, y entre las partes que naturalmente conforman la administración judicial de la provincia, y es una institución que defendemos convencidos de su valor”, señaló finalmente Bordet.
