El anuncio estuvo a cargo de dirigentes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). “Entendemos que esa ley avanza sobre el artículo 14 de la Constitución Nacional, sobre el artículo 82 de la Constitución provincial, y también sobre la ley 9624 y 9755, que son las leyes de paritaria”, precisó el Secretario General de la AGMER, Marcelo Pagani, al explicar los motivos de la presentación judicial. Apuntó que con esta acción buscan que la norma “sea declarada inconstitucional y no tenga vigencia en la provincia y, en consecuencia, no tenga vigencia en la provincia, porque entendemos que derechos adquiridos de los trabajadores han sido avasallados. Esperamos que en el transcurso de esta semana tengamos un fallo favorable y se suspenda su aplicación hasta que se trate la cuestión de fondo”.
El viernes pasado, el Plenario de Secretarios Generales de la AGMER reclamó al Poder Ejecutivo la derogación de los Artículos 4°, 5° y 6° de la denominada Ley de Emergencia Solidaria. Se trata de los puntos más polémicos y que mayor afectación produce en el bolsillo de activos y jubilados. La ley fija en el Artículo 4° que para sostener el sistema previsional los aportes personales, se calcularán “sobre el total de la remuneración liquidada al personal en actividad según el siguiente esquema: Salario nominal: a) hasta $ 75 mil, 16 por ciento de aportes personales; b) desde $ 75.001 a $ 100 mil, aportes personales del 18 por ciento; c) desde $ 100.001 a $ 200 mil aportarán el 20 por ciento); d) desde $ 200.001 en adelante aportarán el 22 por ciento”.
Hoy, según la Ley Previsional N° 8.732, el aporte personal a la Caja de Jubilaciones es del 16 por ciento, e igual porcentaje es el aporte del Estado como empleador, con lo cual la suba propuesta sobre los salarios produce quitas que van del 2 por ciento al 4 por ciento. En cambio, se mantiene el aporte jubilatorio para el personal de la Policía, que es del 18 por ciento, según el Reglamento General de la fuerza, según la Ley 5.654, del año 1974, en tanto los haberes de los efectivos policiales no supere los $100 mil. Por encima de ese monto, se aplicará el mismo esquema que para el resto de la Administración: desde $ 100.001 a $ 200 mil aportarán el 20 por ciento; y desde $ 200.001 en adelante aportarán el 22 por ciento. Igual criterio que el de la Policía se aplicará para el personal del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, cuyo régimen está comprendido en la Ley 5.797.
En el punto 6 de la ley se establece los porcentajes de los aportes “solidarios extraordinarios” para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones serán calculados en forma proporcional al nivel de ingresos, a detraer sobre el monto total nominal liquidado a cada uno de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. Quienes tengan un salario desde $ 75.001 a $ 100 mil aportarán un 4 por ciento; desde $ 100.001 a $ 200 mil un 6 por ciento; desde $ 200.001 a $ 300 mil un 8 por ciento y desde $ 300.001 en adelante aportarán un 10 por ciento.
Si bien la ley aplica medidas al sector financiero y al campo, la evaluación que hace la AGMER es que las cargas son desiguales. “Los números son muy concretos y contundentes, de acuerdo a la ley sancionada por la Legislatura provincial el 64,5 por ciento lo aportan las y los trabajadores, mientras que bancos y financieras el 15,7 por ciento y el sector agropecuario el 7,1 por ciento. Las y los legisladores que aprobaron los Artículos 4°, 5°, 6° del texto citado son, también, claramente responsables de la confiscación salarial de quienes venimos sosteniendo en nuestras espaldas la educación, los comedores escolares y la salud, frente a semejante situación de gravedad social y de haber atentado contra el 82 por ciento móvil de los haberes jubilatorios”, señala el sindicato.
