El último 11 de febrero, y tras cuatro horas de audiencia, el juez de Garantías de Paraná, Ricardo Bonazzolla, decidió abrir un cuarto intermedio para definir los planteos de la defensa del exintendente de Seguí, acusado de sobreprecios en la obra pública. Ese cuarto intermedio llegará a su fin este martes 23.
En aquella audiencia, el abogado del funcionario, Germán Coronel, planteó que se declare la incompetencia de la Justicia provincial en la causa, para que el expediente tramite en la Justicia Federal.
En el mismo sentido se expresó el abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de los empresarios imputados y que estuvieron a cargo de la ejecución de la obra cuestionada por la Fiscalía. El letrado también pidió anular las imputaciones, porque las consideró imprecisas, consignó el portal Entre Ríos Ahora.
Por su parte, los fiscales Franco Bongiovanni y Gonzalo Badano, peticionaron por el rechazo de los planteos defensivos. Defendieron que el caso debe tramitarse en la provincia, y citaron las causas de presuntos sobreprecios en el Municipio de Larroque (Departamento Gualeguaychú); y el de Santa Elena (Departamento La Paz), que tramitan en la jurisdicción provincial.
La causa se inició en 2016 a raíz de la denuncia del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad de Seguí. La obra tuvo un presupuesto de más de 20 millones de pesos, cifra que para la Fiscalía estaría inflada entre los 9,5 millones de pesos y los 13 millones de pesos.
En el legajo de remisión de la causa a juicio, los fiscales sostienen que cuentan con “elementos de cargo suficientes de cara a sostener acusación penal en instancia de debate oral contra los imputados”.
Los acusados, además de Treppo, son: la ingeniera en construcciones Carina Zapata, que fue contratada por el municipio para proyectar la obra; el contador municipal Darío Alexis Monzón; el titular de la empresa Organización Industrial Construcciones SA (OICSA, la misma empresa que estuvo imputada en la causa de la Municipalidad de Larroque), a quien se adjudicó la obra, Daniel Aníbal Hereñú; al ingeniero de la firma, Hernán Roberto Barrera; el apoderado de la empresa constructora, Néstor Alejandro Hereñú; y al vicepresidente segundo de la delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, Néstor Iván Szczech.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal sostienen que el intendente de Seguí, en connivencia con los empresarios acordaron “precios desproporcionados con los valores reales de mercado para aquella fecha”.
Además, afirman que se emitieron certificaciones de avance de la obra “sin llevar a cabo ningún tipo de ensayo o control de calidad en la ejecución de los trabajos”.
En el escrito de elevación de la causa a juicio, los acusadores públicos adelantaron que en el eventual juicio pedirán para Treppo seis años de prisión de cumplimiento efectivo, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, para Monzón y Zapata solicitará cuatro años y seis meses de prisión; para Daniel y Néstor Hereñú pedirán cuatro años de prisión; y para Barrera y Szczech, tres años y seis meses de prisión. Al igual que Treppo, también se le agrega la inhabilitación absoluta perpetua.
A fines de noviembre de 2020, la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó un recurso de queja presentado por el exintendente de Seguí y actual titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Cristian Treppo, en el marco de la causa por supuesto sobreprecio en la obra de 16 cuadras que se ejecutaron con fondos del plan nacional “Más Cerca”, del Ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo, publicó el portal Entre Ríos Ahora.
El dirigente, a través de su abogado Germán Coronel, había llegado a esa instancia para cuestionar la resolución que adoptara el 24 de octubre de 2019 el juez de Garantías Ricardo Bonazzola, que le denegó un planteo para apartarlo del caso.
Ante la negativa de apartamiento, el abogado apeló ante los vocales María Carolina Castagno, Gustavo Pimentel y Elvio Garzón, quienes el 12 de noviembre de 2019 declararon inadmisible el recurso de recusación.
Ante ese pronunciamiento, el defensor interpuso un recurso Casación, pero nuevamente recibió la denegatoria. Finalmente, introdujo una queja directamente ante la Cámara de Casación Penal de Paraná, que el 12 de diciembre del año pasado falló que no correspondía analizar su planteo.
Tras ese largo periplo en Tribunales, se realizó la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación de la causa a juicio. Sin embargo, los defensores introdujeron una solicitud de incompetencia para que el caso pase a la órbita de la Justicia Federal.
Tras oír a las partes, el juez Bonazzolla abrió un cuarto intermedio para analizar las posturas y comunicará su resolución en otra audiencia que será fijada oportunamente por la Oficina de Gestión de Audiencias.
