La iniciativa del oficialismo tiene media sanción de Diputados y se encuentra en análisis de manera conjunta en las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la cámara alta entrerriana.
Las primeras voces críticas se elevaron desde la bancada peronista, en especial al artículo 27 del proyecto, al que juzgan “inconstitucional”, puesto que pretendería legislar con retroactividad, validando un anticipo impositivo ya cobrado sin respaldo normativo durante el ejercicio 2024.
El cuestionamiento opositor coincide con la mirada “técnica” que aportó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, cuya respuesta formal a una consulta puntual que le hicieran llegar desde la legislatura fue sumada al expediente.
Pero el mentado artículo 27 no es la única cuestión sujeta a debate. El senador justicialista Martín Oliva puso en duda su respaldo a la reforma fiscal por otro motivo más. Según el exintendente de Concepción del Uruguay, el proyecto, lejos de significar una disminución de la carga impositiva como lo ha resaltado el gobernador Rogelio Frigerio, preocupa a las Pymes, que valoran los cambios como perjudiciales.
“Con relación al proyecto de reforma al Código Fiscal en tratamiento en la Legislatura de la Provincia resulta oportuno realizar ciertas observaciones, considerando que de su análisis se concluye que no favorece a las pymes industriales de la provincia, sino que, por el contrario, provoca una situación de pérdida de competitividad frente a otras jurisdicciones”, se lee en el encabezamiento.
En otro tramo significativo del informe, la UIER concluye: “El esquema (la reforma fiscal) tiene como principal amenaza que el contribuyente local terminará pagando más ingresos brutos que el resto de sus colegas de las provincias cercanas, lo que afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas que concentran la comercialización de su producción en un mayor porcentaje en nuestra provincia”.
La Unión Industrial de Entre Ríos resume sus propuestas en 5 puntos:
1. Es necesario promover la inversión con incentivos concretos y de fácil aplicación en la práctica, promoviendo la competitividad de la industria local a través de todos los mecanismos posibles con los que cuenta la provincia, entre ellos su estructura tributaria.
2. Solicitamos estabilidad fiscal, estableciendo que ninguna industria entrerriana verá incrementado el pago de impuestos por modificaciones en el Código Fiscal. También solicitamos que haya un mecanismo preestablecido para actualizar las escalas existentes o venideras que siga el ritmo inflacionario y evite aumento de la presión impositiva solo por efectos nominales, a fin de generar previsibilidad respecto al alcance de los impuestos a tributar.
3. De tenerse presente los postulados del Pacto Fiscal, que limita la posibilidad de diferenciar tributariamente a contribuyentes por criterios territoriales, también debería tenerse presente la propuesta de desgravar desde 2022 en adelante a las industrias. Hoy la provincia de Entre Ríos cuenta con esquemas que gravan a las industrias medianas y grandes, y de esta forma alcanzarían a pequeñas industrias a tasas impositivas altas, poniéndolas en desventaja frente a competidores no radicados en la provincia.
4. Deberíamos alinearnos a las normas nacionales. Deberíamos alinearnos a las normas nacionales, caracterizando a cada empresa (micro, pequeña, mediana o grande) por las disposiciones nacionales vigentes. Necesitamos que las escalas de las empresas se ajusten a las escalas de Sepyme a nivel nacional, y que las mismas se actualicen de manera automática, a fin de entender la capacidad contributiva de cada empresa en términos globales, y no solo por la participación del mercado local en su facturación.
5. Promovamos la innovación y sustentabilidad en las empresas entrerrianas, incentivando la creación de empleo e inversión en capital, en energías renovables, en tecnología, en post de lograr una mayor competitividad sistémica.
“En concreto –concluye el documento del sector industrial- nuestra entidad elevó estas consideraciones, asimismo, a las autoridades provinciales y organismo tributario sobre la reforma propuesta, atendiendo a las modificaciones sustanciales en la determinación de las escalas tributarias, que se aleja de las directrices nacionales. El esquema tiene como principal amenaza que el contribuyente local terminará pagando más ingresos brutos que el resto de sus colegas de las provincias cercanas, lo que afecta sobre todo a las empresas pequeñas y medianas que concentran la comercialización de su producción en un mayor porcentaje en nuestra provincia”.
Y remata: “Resulta fundamental que la reforma tributaria contemple la sostenibilidad fiscal de las PYMES sin comprometer su capacidad de competencia regional, siendo las pequeñas y medianas industrias el motor de desarrollo económico provincial”.
