“Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757″, dice el artículo 1° del decreto 879/2024 fue publicado este jueves en el Boletín Oficial.
En el segundo punto, señala: “Devuélvase al Honorable Congreso de la Nación el proyecto de ley mencionado en el artículo anterior”. “Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese”, finaliza.
La decisión de vetar estaba tomada por el presidente Javier Milei desde antes de que la propuesta para garantizar el financiamiento de las universidades se votara en el Congreso. El fundamento oficial para la negativa es que atenta contra el déficit cero. “El veto será total”, había anticipado el Presidente a través de su cuenta de la red social X, horas después de la aprobación por parte del Legislativo.
En la Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado de Pro para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa. Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien recorre pasillos y despachos en busca de “voluntades” que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
El Poder Ejecutivo estiró por más de tres semanas la decisión luego de que la ley fuera aprobada con más de dos tercios de los votos en el Senado y llega muy cerca de cumplirse el plazo de diez días hábiles con los que se cuenta para rechazar la medida. No obstante, el Gobierno dilató el veto hasta después de la marcha con la intención de reducir la convocatoria de sectores críticos de la gestión libertaria y evitar conflictos.
Según argumentó el Presidente para tomar la decisión, no se especificaron de dónde se obtendrían los recursos para aumentar el presupuesto de las universidades públicas de todo el país. La ley establecía la actualización por inflación del presupuesto para las casas de estudio con retroactividad al 1° de diciembre del año pasado. Hacia el futuro, el mismo mecanismo se habría aplicado de manera mensual para actualizar los fondos que el Estado debe destinar a las 60 casas de altos estudios de todo el país.
La postura presidencial fue ratificada este miércoles a la noche, horas después de finalizada la masiva convocatoria que congregó a organizaciones estudiantiles, políticas, sociales y gremiales en todo el país, en la reclamaron por una recomposición salarial del personal universitario y por la promulgación de la ley de financiamiento que el Presidente ahora efectivamente vetó.
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, la administración de La Libertad Avanza informó que seguía firme en su posición y definió a la ley en cuestión como “un irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades”. En el texto, la Casa Rosada señaló que “es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos” y calificó a la marcha universitaria llevada adelante este miércoles como “una manifestación política”. Además, habló de la existencia de un acuerdo entre dirigentes de la oposición en contra del oficialismo.
“El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse en una nueva convergencia pública. Esta coalición objetiva deja en claro su intención de obstruir la consolidación del plan económico del Presidente. Se trata de un frente populista de izquierda, en defensa de los privilegios de la dirigencia política”, expresó la comunicación oficial.
Apenas entrada la medianoche, el decreto salió a la luz y quedó efectivizada la medida que desde el principio había sido adelantada. Entre otras cosas, según los argumentos oficiales, porque “el proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al Gobierno políticamente”.
En línea con el discurso oficial, entre los considerandos del decreto sostienen que “dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo”. Además, “que la responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo Nacional es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía.
De la misma manera y, sobre el final de la argumentación, la administración de Milei indicó que “la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que ingresa” y que “toda política de crecimiento debe basarse en el entendimiento de la actual situación, del estado de las cuentas públicas y de la previsión en los gastos e inversiones futuras, disponiendo de los escasos recursos existentes de forma responsable, sin comprometer el futuro de los argentinos”.
