En una extensa entrevista con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Portela señaló que el 2024 “termina bien, con un aprobado dentro del contexto general; ha sido un año duro, pero en cuanto a la concreción de los objetivos que se fijaron al inicio del año lo he pasado bien”.
Especificó que “algunas metas se cumplieron como el avance en la sistematización de los procedimientos administrativos, la oficina de gestión única para el fuero de la provincia que se comenzó a instalar de manera paulatina en la provincia y está dando resultados, y si bien como todo cambio al principio genera resistencia porque implica desconcentrar un poco la toma de decisiones; otra cosa que se logró fue automatizar varias cosas en la parte administrativa como licencias, viáticos y ese tipo de cuestiones rutinarias en el ámbito de la administración pública. También es destacable el cambio en el modo de brindar la información desde el Departamento de Prensa, y tenemos intenciones de transparentar más la gestión, de acercar el detalle de lo que se hace a la gente”.
“La gente lo que ve es el resultado del juicio particular, y siempre hay una parte que no está contento con el resultado; por eso al margen de que generalmente el servicio de justicia funciona en tiempo y forma, nunca deja conforme a todo el mundo, por eso la idea es que se conozca cómo se funciona y que se trabaja mucho para brindar el servicio. No es el ideal, estamos lejos de ser el ideal, pero estamos en Argentina y nos comprenden las generales de la ley. Frigerio dice que fue un año durísimo en lo presupuestario y a nosotros nos tocó también padecerlo”, mencionó.
En cuanto a las 539 sentencias dictadas en el año por las nueve Cámaras Penales de la provincia, más los 34 juicios por jurados, el funcionario aseveró que “uno nunca queda conforme, por supuesto que falta”.
Consultado por la intención de modificar la ley de juicio por jurados, Portela indicó: “No me parece mal la reforma que se propone, porque no se basa solamente en lo presupuestario, sino que, de alguna forma, también impide la revictimización de las víctimas en casos de abuso. Hoy la ley dice que los delitos de hasta 20 años de condena se pueden juzgar en juicio por jurados y la modificación que se propone es que eso incluye un universo enorme de casos, incluso los de abuso sexual que son el 80% de los juicios por jurados. Lo presupuestario incide también porque estamos en una provincia chica de un país pobre y nos cuesta muchísimo llevar adelante ese tipo de juicios, no tenemos logística, cada vez que hay un juicio la armamos a pulmón y de manera artesanal, no tenemos una logística grande, no somos un Poder Judicial grande como Córdoba o Santa Fe, pero de a poco nos vamos arreglando. Mi visión es favorable respecto de la reforma, porque es un reduccionismo pensar que es solo por un tema presupuestario. La idea que se tiene es sacar la mayoría de los casos de abuso, para no revictimizar”.
En relación con el funcionamiento del sistema acusatorio, sostuvo que “no es ningún secreto que la Sala Penal colaboró en un proyecto de reforma del Código Procesal porque ven con preocupación el tema de los plazos, porque la Fiscalía tiene un poder discrecional para decidir en qué causas avanzan y en cuáles no, y a veces algunas causas se dilatan y otras tienen una velocidad inusitada. Yo soy especialista en el fuero civil, no penal, pero los colegas del tribunal que conocen del fuero penal propusieron esta reforma y me parece que en algunas cuestiones tienen razón y otras serán discutibles. Lo que preocupa es la discrecionalidad que tiene la Procuración con respecto a los plazos, está bien que vaya el proyecto a la Legislatura y se discuta a puertas abiertas”.
Sobre el desempeño de los jueces de Garantías en causas que sufren dilaciones constantes para llegar a remisiones a juicio, como sucedió con la causa Cardona Herreros admitió: “No seguí la causa en particular, no conozco detalles de los plazos y demás”.
Consultado por el aumento del valor del JUS por el cual se elevaron los honorarios de los abogados, indicó que “la Defensoría Pública ha tenido más trabajo y el acceso a la justicia fue satisfecho, incluso los beneficios de litigar sin gastos se han otorgado y hubo un aumento en los pedidos de litigar sin gastos, pero es difícil encontrar un equilibrio en lo inmediato porque se conjugan un montón de derechos fundamentales como el de los abogados a cobrar sus honorarios”.
En ese marco, explicó que “el jurista es la unidad que está en la ley de aranceles que se usa para calcular los honorarios de los abogados, el JUS es el que se calcula para pagar los aportes previsionales de los abogados. El jurista pasó a valer más de 50.000 pesos y hay juicios que tienen un mínimo de cuatro juristas, otros de 10 juristas y sucede que se pagan 500.000 pesos por un juicio que no debería ser tan caro, pero los abogados fueron a la Legislatura, solicitaron esta reforma y tuvieron eco de los legisladores, así que no nos creemos habilitados a opinar sobre las decisiones de otros Poderes del Estado, salvo algún caso concreto. Es difícil tener una opinión en abstracto porque hay derechos fundamentales en juego como el derecho alimentario de los abogados. En eso no me quiero meter porque son colegas esenciales para el servicio de justicia y si no trabajan cómodos en lo económico el servicio de justicia se va a resentir más todavía. Por ahí la solución podría ser reforzar la Defensoría pública”.
“Queremos hacer un servicio de justicia universal pero después no tenemos los medios para hacerlo, y tenemos que ser más coherentes en ese tipo de cuestiones. Lleva tiempo y es una discusión, después termino peleándome con Frigerio por el Presupuesto, pero todo viene atado a cuestiones que se quieren hacer y uno plantea reformas que, en este país, con inviables”, reflexionó.
En este sentido, explicitó: “Permanentemente hablamos con Frigerio, tenemos un diálogo fluido y permanente. Es una persona totalmente accesible y prudente, no lo conocía personalmente, pero en este tiempo nos hemos sentado permanentemente y, de hecho, la semana pasada tuvimos un par de reuniones, porque tenemos el presupuesto proyectado en base a la inflación que nos dice Nación, que dice que para 2025 habrá un 18% de inflación, la provincia arma su cálculo presupuestario en base a eso y tenemos que ajustarnos a esa inflación. Para 2024 nos dijeron que la inflación iba a ser del 70% y fue de más del 150%, en 2023 dijeron que seria de 70 y pico también y fue de 211%, y una vez que armamos el Presupuesto, tenemos que sentarnos a discutir cuánto puede darnos de eso. Por eso es una discusión permanente”.
Consultado por la presión que ha dado al STJ la causa por corrupción que llevó a la cárcel al exgobernador Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro Pedro Báez, Portela afirmó: “En lo personal no he tenido ningún tipo de comunicación, nadie me llamó para pedir nada. Por supuesto que, en reuniones de amigos, sociales o familiares, sale el tema y se charla, y ve con sorpresa cómo se solucionan otros casos a nivel nacional que son iguales o peores, pero acá no quiero hablar del caso concreto porque probablemente tenga que intervenir en alguna ocasión. Es un caso que al tribunal le ha generado… no es un caso más”.
“En términos generales, al ciudadano de a pie le afecta más el desalojo que se dictó en su pueblo por un familiar que no podía pagar el alquiler, que lo de Urribarri. Lo de Urribarri se ve por los medios y para la gente es algo totalmente abstracto, por eso uno pierde más amigos en la diaria, en las cosas del pueblo, que en ese tipo de asuntos”, indicó.
En cuanto al posible cambio del tribunal que debe decidir sobre la continuidad o no de la prisión preventiva en la cárcel, integrado por Gisela Schumacher, Giorgio y Carlomagno, por el tribunal de feria, Portela admitió: “Escuché esa versión, pero no la he estudiado porque hasta ahora la posibilidad no se ha dado, no hay ningún pedido de los defensores, pero tampoco estaos de feria y si hay algún pedido ahora sería rechazado porque no estamos de feria. Está a despacho para que emitan los votos los tres jueces, y después si durante la feria se pide algún tipo de medida, tendría que verlo, en la primera quincena me toca trabajar en la feria así que directamente me tocará estudiar el tema”.
Sobre el modo de recomponer la relación de confianza de la ciudadanía con la justicia, el funcionario judicial dijo que “empezando por lo más básico, mejorar el tema de la prensa para dar a conocer qué es lo que se hace desde adentro y darle información a la gente sobre eso. Queremos también cambiarle la imagen al Poder Judicial, si bien sabemos que estamos como sembrando en el desierto porque mucho el contexto no ayuda, por ejemplo, por los hechos de corrupción. El país entero le está pagando el servicio de justicia a la Ciudad de Buenos Aires que es el distrito más rico de Sudamérica, y está todo distorsionado. Tenemos que empezar de a poco a intentar cambiar la imagen del Poder Judicial y, por lo menos, cada uno en su metro cuadrado hacer lo que tiene que hacer. Después si sale bien o mal, por lo menos que cada uno haga lo que tiene que hacer y el que no lo hace que se atenga a las consecuencias. Vamos a intentar hacer todo como se tiene que hacer”.
En ese sentido, planteó: “Para mí fue una sorpresa la cuestión administrativa del Poder Judicial. Desde Gualeguaychú yo veía cómo funcionaba la parte administrativa pero no conocía a la persona de carne y hueso. Son personas muy serias, muy formadas, muy comprometidas, y estamos intentando sacarle ese trabajo administrativo al Tribunal para que pueda dedicarse a lo que es la cabeza del gobierno del Poder Judicial, que es uno de los poderes del Estado”.
Por último, sobre posibles trámites jubilatorios que puedan iniciar los vocales del STJ en 2025, afirmó: “Que yo sepa no, a mí nadie me ha dicho nada. En su fuero íntimo, no tengo idea, pero a mí ninguno de los colegas me ha dicho nada al respecto”.
