Es sabido que el mundo castrense se rige por la verticalidad, el orden y la disciplina. Es por eso que los disensos suelen expresarse con meticuloso cuidado, respetando las vías jerárquicas. No obstante, los conflictos existen y, de no ser resueltos, escalan más allá de lo imaginado. En este caso, los planteos han atravesado todas las instancias posibles hasta llegar formalmente al ministro de defensa de la Nación, Luis Alfonso Petri. La presión subió hasta la máxima altura sin encontrar aún una válvula de escape.
¿Quiénes y por qué están disconformes con los manejos del IOSFA? Bien podría decirse que se trata de un conflicto que crece “desde el pie”, que, para el caso, quiere decir “desde la suboficialidad”.
Es suficiente un solo número para entender de qué se trata: los suboficiales contribuyen con aproximadamente el 65% de los recursos que mantienen en funcionamiento al IOSFA, pero –por increíble que parezca- NO cuentan con representantes con voz y voto en la conducción de la obra social.
El reclamo de los suboficiales en pos de una justa y equitativa representación en la administración de la obra social comenzó mucho antes de que se hiciera público el resultado de una auditoría realizada por el Ministerio de Defensa, que sacó a la superficie compras a precios excesivos y gastos desproporcionados, entre otras graves irregularidades. Obvio, la noticia, que derivó además en el desplazamiento del presidente del IOSFA, causó especial indignación y motivó que los planteos de la suboficialidad se volvieran aún más apremiantes.
En efecto, hace exactamente 100 años, en 1924, fue creada la “Mutual de Suboficiales”, el primer precedente del actual IOSFA. En 1947, la mutual transfirió todo su capital a la Obra Social del Ministerio de Guerra mediante la Ley Nacional 12913. Ese fue el primer acto de inequidad para con los suboficiales, puesto que no fueron incluidos en la administración.
En 1970, por ley 18683 se creó el IOSE, la Obra Social del Ejército, y otra vez los suboficiales fueron excluidos de su directorio.
El capítulo más reciente de esta historia de marginación de la suboficialidad ocurrió en 2013, cuando el Ministerio de Defensa, mediante el decreto 637 de aquel año, dio origen al Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), integrando las tres obras sociales militares existentes (DIBA, IOSE, DIBFA). Y una vez más, los suboficiales continuaron sin ser integrados al directorio.
Los suboficiales, muchos de ellos profesionales, han integrado equipos interdisciplinarios a lo largo y ancho del país, incluyendo a retirados y excombatientes de Malvinas, con el propósito de darle forma a un proyecto de reforma del IOSFA que subsane la injusticia que los tiene por víctimas.
Lo que reclaman es igualdad de derechos, voz y voto de manera proporcional a los aportes económicos de los suboficiales al sostenimiento de la obra social. Pretenden estar representados tanto en la máxima conducción como en las áreas de auditoría, gerenciales, jefaturas de departamento y en cualquier otra posición de jerarquía.
La inquietud, volcada en un proyecto concreto, recorrió en sentido ascendente toda la escala jerárquica dentro del Ejército Argentino, hasta llegar al Jefe del Estado Mayor y, finalmente, se tradujo en un pedido de audiencia, aún no satisfecho, dirigido al mismísimo Ministro de Defensa, Luis Alfonso Petri.
A Petri le piden que incluya el ingreso de los suboficiales en el directorio del IOSFA, mediante la reglamentación del decreto 637/2013, de manera tal de hacer realidad la “inclusión” y la “transparencia”.
Según los números que han trascendido, el IOSFA tiene algo más de 600.000 afiliados. De ese total, el 20% son oficiales; 65% suboficiales y el restante 15% personal civil.
El reciente descabezamiento del IOSFA
Atravesado por una severa crisis, con denuncias de cortes en las prestaciones y una deuda que superaría los $90.000 millones, el Gobierno desplazó a principios de noviembre de 2024 al entonces presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), el médico mendocino Oscar Sagás, que acompañaba desde el inicio la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri.
El ministro Petri le pidió la renuncia a Sagás por los cortocircuitos en la relación con el Directorio, que “ya era insostenible”.
Sectores militares le imputan responsabilidad a Sagás por el manejo de la administración de la obra social, que a lo largo de su gestión habría quintuplicado su deuda, de $18.000 millones a más de $90.000 millones. Algunas proyecciones advierten que la suma podría ser superior y triplicar los ingresos que recibe mensualmente por el cobro de las cuotas a los afiliados.
En la nota dirigida al ministro Petri, Sagás atribuye el grave deterioro de la situación que enfrenta la obra social de los militares a la profundización de la crisis del sector de la salud. “Desde enero de 2024, los medicamentos y prestaciones de salud aumentaron más de un 300%, así como las prácticas médicas, frente al incremento de los ingresos de la obra social, que alcanzó el 80 por ciento”.
A todos estos preocupantes números los suboficiales, principales aportantes a la obra social, los conocen a través de los diarios. O sea, a duras penas se enteran qué se hace con su dinero. Es la situación que de una vez por todas pretenden cambiar.
