Actualmente, la cláusula décima quinta del Convenio Específico de Cooperación, firmado en 2012 entre la Provincia de Entre Ríos, el Municipio de Concordia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, obliga a los ciudadanos a pagar todas las multas pendientes —incluso aquellas provenientes de otras provincias— obteniendo el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT) antes de poder avanzar con sus trámites. Sin embargo, muchas de estas infracciones son “fotomultas” de dudosa procedencia, mal registradas o vinculadas a vehículos ya transferidos.
La situación llevó a varios vecinos a realizar reclamos, que muchas veces quedan sin respuesta, enfrentándose a la disyuntiva de pagar multas injustas o perder el acceso a su licencia. Desde el Bloque de Concejales Justicialistas sostienen que esta situación es inaceptable y que el municipio debe garantizar el derecho de sus ciudadanos a circular sin imponer trabas arbitrarias que afectan directamente sus economías familiares.
Se trata de “proteger a los vecinos y devolver autonomía a Concordia”, dijeron los ediles, puesto que deja sin efecto una cláusula que impone condiciones “ajenas a la jurisdicción local”.
Por último, enfatizaron que “el proyecto no solo apunta a garantizar un trámite más justo y accesible, sino también a cuidar el bolsillo de los concordienses en un contexto económico difícil. Es una iniciativa que pone a las personas primero, priorizando la justicia y el sentido común”.
