En ese sentido, explicaron que “se efectuarán las modificaciones necesarias para convertir las prestaciones en incentivos de contratación en empleo asalariado registrado privado”.
En todos los casos, la aplicación del programa específico estará sujeta al cumplimiento del incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector; y los límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzados.
Sobre el programa
“Se tendrán en cuenta las necesidades de formación que los participantes de tales programas para adquirir las capacidades exigidas a la hora de desempeñarse laboralmente”, anticiparon desde el Gobierno. La prestación se considerará como parte del salario respectivo en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad. En los casos de pluriempleo, deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores.Los ministerios de Trabajo y Desarrollo Social deberán elaborar un cronograma para que los beneficiarios se incorporen a una trayectoria formativa ocupacional. Además, mantendrán el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción. Si la práctica implica la incorporación a la planta de personal del empleador la prestación se considerará el salario respectivo, en forma total o parcial.
En caso de una discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los doce meses, dentro de los dos años anteriores al cese del contrato laboral. No podrán acceder a ninguno de los Programas que se establezcan, las empleadoras o los empleadores que figuren en Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales.
La sanción de este decreto no se dará en paralelo al proyecto de ley que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para convertir planes sociales en empleo registrado. Es decir que la iniciativa parlamentaria seguirá su curso legislativo.
