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Una investigación judicial y de la División Robos y Hurtos permitió desbaratar este martes una banda que operaba en la venta de drogas desde cárceles de Entre Ríos. La organización estaba conformada por personas privadas de la libertad y sus familiares, así como también penitenciarios.

Desde Robos y Hurtos informaron que, a raíz de una investigación llevada adelante por los fiscales Santiago Alfieri y Martín Wasinger de la Fiscalía de Investigación y Litigación, personal dependiente de la Dirección Investigaciones, tanto informática como de campo, avanzó con la pesquisa.

Este martes se ordenaron 14 allanamientos en las Unidades Penales de Paraná, Concepción del Uruguay y Federal, y en viviendas ubicadas en los barrios Paraná V, Paraná XIV, Paraná XVI, Jaureche y Lomas del Mirador I de la capital entrerriana.

En los procedimientos se secuestró material informático (teléfonos, tablets, notebooks, etc), documentación, dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito, y se localizó y secuestró material estupefaciente.

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También se dispuso la detención de nueve personas, ocho hombres y una mujer, quienes fueron trasladados y alojados en las instalaciones de Alcaidía.

Para el diligenciamiento de dichas medidas se contó con la colaboración de personal del GIA, Seguridad Urbana y Bancaria dependiente de la Dirección Operaciones y Seguridad, de la Dirección de Institutos Policiales; Homicidios, Delitos Económicos, Sustracción de Automotores y Trata de Personas, todas dependientes de la Dirección Investigaciones.

Se hizo saber desde la Investigación que la banda comercializaba estupefacientes, dentro y fuera de los tres penales, en los cuales había detenidos que cumplían roles claves en colaboración de penitenciarios y familiares de los privados de la libertad.

Todo se inició por una denuncia que se hizo por parte de la jueza de Ejecución de Penas de Paraná, que tuvo indicios sobre situaciones irregulares en el área de Sanidad de la cárcel.

Esto derivó en investigaciones bancarias, informáticas y telefónicas que, al contar con los detalles brindados por las entidades bancarias, empresas telefónicas y otros prestadores, les permitió a las autoridades judiciales conocer el sistema de pagos de las operaciones de ventas hacia distintas personas, que incluía por distintas actividades a algunos penitenciarios.

Los pagos se hacían por transferencias bancarias o billeteras virtuales, que quedaron registradas en la propia causa, que continúa. Se busca intensamente a otras personas, entre ellas penitenciarios que estarían comprometidos.
Fuente: UNO Entre Ríos

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