“Ocurrió en Entre Ríos, Argentina, en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia, Entre Ríos, donde un avanzado embarazo fruto de una violación pone de manifiesto algunas incongruencias del protocolo de aborto no punible en la Argentina”, indican.
“Los excelentes oficios del periódico El Entre Ríos pusieron de manifiesto una noticia poco difundida en medios de mayor difusión en la Argentina, hechos que no obstante pudimos confirmar. En ese hospital, se le practicó un aborto enmarcado en el protocolo de aborto no punible a una menor de edad cuyo embarazo habría sido fruto de una violación. El feto tenía cerca de 20 semanas cuando, expulsado del útero de la joven, permaneció en una chata (bandeja de uso sanitario) sin que sus latidos se detuvieran”, describen en la página.
Además, señalan: “El hecho conmovió tanto a los médicos del establecimiento, que al menos siete de ellos, como escribió el periodista Osvaldo Bodean ese ese medio, solicitaron ser considerados objetores de conciencia. Y puso de manifiesto algunas incongruencias que en los reportajes que realiza los médicos expresan. Independientemente del tiempo de supervivencia extrauterina del feto, hayan sido minutos u horas, ¿se debe brindar asistencia neonatológica?, y si no se brinda, ¿es abandono de persona? ¿Se debe registrar un acta de nacimiento y un acta de defunción? ¿Se debe sancionar al médico que no aplica el protocolo cuando desde su práctica y actualización médica sabe que más que un aborto estaría asistiendo a un parto inmaduro?”.
“Pero entonces, ¿el aborto es legal en la Argentina?”, cuestionan y explican: “Durante este año, se debatió en el Congreso de la Nación la legalización del aborto libre hasta la semana 14, y bajo algunas condiciones, sin plazo, en una ley que entre otros puntos obligaba a todos los establecimientos, de cualquier naturaleza, a practicar abortos. El proyecto fracasó en el Senado de la Nación, tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados. Lo que sigue vigente en el país es un protocolo de aborto no punible, que las provincias tienen por el momento la libertad de aplicar, elaborado por el Ministerio de Salud, para liberar de penas a quienes practiquen o faciliten un aborto en caso de violación, o si hay en riesgo la vida o la salud de la madre. Esto en cumplimiento de un artículo del Código Penal que así lo habilita”.
En el texto de la página española Pittaro recalca que “en este caso, la joven de Entre Ríos alegó violación. No hace falta más que su declaración jurada en el mismo nosocomio, indica el protocolo adoptado por la provincia, para que el centro facilite la práctica a la joven. Y así ocurrió”.
“En casos como estos, surgen otros interrogantes. ¿Se realizan las debidas pericias genéticas sobre el feto expulsado para corroborar la filiación y actuar sobre los violadores?
Estas incongruencias han hecho que cientos se expresen en redes sociales contra el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, y lo llamen “’Protocolo de la muerte’”, concluye el periodista.
