Según datos de la Dirección Nacional de Aduanas del vecino país, hasta noviembre de este año se incautaron cigarrillos ilegales por un valor de $ 141 millones, más del doble que en 2023, cuando el monto alcanzó los $ 70 millones.
A pesar de este avance, la magnitud del problema sigue siendo alarmante: uno de cada tres cigarrillos consumidos en Uruguay proviene del contrabando, de acuerdo con la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos (Aditaci).
Este fenómeno, impulsado por las diferencias de precios, afecta a ferias, comercios pequeños e incluso a negocios formalmente establecidos.
En Paysandú, entre 2023 y 2024 se registró un aumento significativo en las incautaciones: mientras en 2023 se confiscaron 46.749 unidades valoradas en $ 3.026.069, en 2024 la cifra subió a 582.860 unidades, equivalentes a $ 5.915.240.
Gustavo Márquez, presidente de Aditaci, describe un panorama preocupante. “El 36% de los cigarrillos consumidos en Uruguay son de contrabando. Estimamos que entran al país 40 millones de cajillas al año, algo que no ocurre en mochilas sino en grandes camiones. Por cada uno que se detiene, al menos tres más logran cruzar”, dijo.
