“No es cierto que el gobierno provincial haya intervenido en el jury contra la fiscal. El Poder Ejecutivo no tiene representación en la integración del jury y tampoco intervino en ese proceso, porque eso es sencillamente imposible desde el plano jurídico”, sostuvo el funcionario provincial.
“Por el contrario -contrastó-, el Poder Ejecutivo se limitó a contestar una demanda de amparo, sustanciada por ante una jueza de Primera Instancia y ante el Superior Tribunal de Justicia, pero en un proceso diferente al jury que se sustanció ante un Tribunal Constitucional, que es el Jurado de Enjuiciamiento, regulado por una ley especial. Ni la Constitución ni la Ley Nº 9.283, que es la que regula el jury, prevé la intervención del gobernador, de modo que su intervención simplemente no es posible”, reflexionó.
Según Rodríguez Signes, “fue la misma doctora Goyeneche la que instó la intervención del Poder Ejecutivo, presentando un amparo para que el gobernador revoque una decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que es un órgano constitucional”, agregando lo siguiente: “A través de la Fiscalía de Estado, ese amparo fue respondido con absoluta objetividad, explicando que el gobernador no tenía ninguna atribución para ratificar, corregir, modificar o anular una decisión de un tribunal de rango constitucional en el que el Poder Ejecutivo no tiene representación”.
Para el fiscal de Estado, “los mecanismos institucionales de la provincia están funcionando”: “A algunos podrá conformarlos un fallo, y a otros otro. Pero los procesos se están llevando adelante, y los organismos vigentes que la Constitución de la provincia están en funcionamiento y produciendo sus resultados. Se activan y cada uno hace lo que considera que tiene que hacer según su competencia”.
En ese marco, opinó que la doctora Goyeneche “se agravió de una resolución del Jurado de Enjuiciamiento que sustituyó el órgano de acusación” y planteó que “no le corresponde al Poder Ejecutivo inmiscuirse en una resolución de un Tribunal sobre el cual no ejerce ninguna competencia”.
Además, el funcionario provincial dijo que “los mecanismos de impugnación debían agotarse dentro del proceso de enjuiciamiento. Nosotros nos limitamos a responder ese amparo, recordando que el titular del Poder Ejecutivo no tiene esas atribuciones”.
Por último, destacó “la historia institucional y democrática de la provincia de Entre Ríos” y resaltó que “a lo largo las últimas décadas se han dado, producto del trabajo de fiscales y jueces de mucha trayectoria, innumerables condenas en causas de delitos contra la administración pública. En esa línea, llamó a ser “respetuosos de la política porque es el ámbito en el que la sociedad crea su institucionalidad, y es también donde esas instituciones se pueden sostener y mejorar”.
