La convocatoria, a pedido de los miembros paritarios del Consejo General de Educación, fue hecha por la Secretaría de Trabajo.
La Ley Nº 9.624 de Paritaria Docente prevé que en caso de desacuerdo en la negociación, “antes de la iniciación de medidas de acción directa” los sindicatos “deberán comunicar la situación de conflicto a la Dirección Provincial de Trabajo para que se convoque a una audiencia de conciliación que se hará dentro de los cinco días hábiles”.
La Ley de Paritarias dice que ante el fracaso de la instancia conciliatoria por vía administrativa, “cualquiera de las partes podrá pedir al Juzgado de Trabajo en turno de la ciudad de Paraná que disponga la conciliación obligatoria, ordenando a las partes suspender las medidas que se hubieren dispuesto en relación al conflicto. Para el caso que el Juez interviniente interprete que se cumplimentan los requisitos de admisibilidad del pedido acogerá la medida peticionada por un término máximo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la Resolución, dentro del cual se realizarán las Audiencias de Conciliación que el Magistrado entienda necesarias. Vencido dicho plazo sin que se hubiere arribado a una fórmula de conciliación, automáticamente podrán las partes proseguir con las medidas suspendidas por el Juzgado”.
El conflicto entre los Gobierno y los sindicatos docentes se dio luego del rechazo a la última oferta salarial: un 5% de aumento para julio, igual porcentaje del índice de precios al consumidor que dé a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para agosto, una suma fija de $120 mil, en tres cuotas de $40 mil, y un aumento del piso mínimo salarial docente, de $379 mil a $418 mil.
El congreso de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que se reunió el miércoles en San Salvador consideró esa oferta como "insuficiente, distorsiva e inconstitucional" y dispuso la aplicación de cuatro jornadas de paro: el 1º, el 2, el 6 y el 7 de agosto. La respuesta sindical a la propuesta salarial derivó en la decisión de no pagar ningún componente de la propuesta paritaria, que sí llegará al bolsillo de los estatales por cuanto la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aceptaron la oferta.
En medio, el Gobierno anunció la decisión de no liquidar el aumento a los docentes.
