El especialista es ingeniero civil por la Universidad Nacional de Cuyo, fue director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación y coordinó la publicación del libro “Lenguaje claro en Iberoamérica. Principios y prácticas”, junto a Alejandro Retegui.
“Como ciudadanos y ciudadanas tenemos naturalizada la dificultad en que muchas veces nos pone la autoridad en sus comunicaciones. No nos habla para que entendamos, para facilitarnos la vida”, resaltó el experto. Ante esto, sostuvo que “el lenguaje claro es una aspiración”.
“El lenguaje es un instrumento formidable de poder y desde hace mucho tiempo se pensaba que si era más rebuscado, intimidante e intempestivo, el poder se podía ejercer mejor. Y la verdad es que cuando uno no comprende lo que le pide una comunicación oficial, no puede participar en un sistema democrático”, advirtió.
Como ejemplo de los perjuicios que puede ocasionar la falta de claridad en la tarea parlamentaria, mencionó: “Cuando una ley tiene muchos márgenes de interpretación, se genera un problema de ineficiencia del Estado, porque eso va a generar judicialización y muchos pasos que demandan dispendio de recursos”.
En ese sentido, llamó a “reflexionar sobre las prácticas y costumbres en el ámbito de la administración, así como de cualquier poder del Estado”.
En cuanto a la legislación y desarrollo del tema, dijo que Argentina está entre los primeros países en impulsar el lenguaje claro, junto con Chile y Colombia. Acotó que los poderes judiciales han avanzado con guías implementadas en provincias como Chaco, Formosa, La Pampa y recientemente Entre Ríos. Las guías son lineamientos a seguir, algunos de los cuales son: redactar párrafos cortos, una sola idea por oración, correcto uso de los gerundios y evitar los latinismos, entre otros.
Además, mencionó que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma poseen leyes que promueven el uso de estos lineamientos; mientras que en Entre Ríos el diputado Enrique Cresto presentó un proyecto de ley en el mismo sentido.
Por su parte, Ullúa remarcó que “ya se habla del derecho a comprender como un derecho humano y el lenguaje claro es una herramienta para poder ejercer nuestro derecho”.
