El debate comenzó a mediados de octubre, en el cual se ventiló el caso de explotación laboral que sucedió y se descubrió en el año 2019 en Victoria, donde dos jóvenes vivían en circunstancias esclavizantes.
El fiscal Candioti había pedido la pena de ocho años de cárcel para Venturini, un empresario náutico oriundo de Goya, provincia de Corrientes, pero radicado hace años en Rosario. A través de una de sus empresas, Centella Marine SRL, construía una guardería náutica en la zona del puerto de Victoria. También solicitó una indemnización millonaria para los trabajadores, al igual que también lo reclamó el defensor público oficial Mauricio Zambiazzo actuó en el juicio como representante de las víctimas, tal como lo prevé la legislación.
López Arango, además de la pena de prisión, impuso a Venturini la reparación económica de 9 millones de pesos por lucro cesante y daño moral.