Continuó Asueta informando que “en realidad lo que hizo el Gobierno Nacional ha sido apropiarse de los excedentes mediante la regulación a la baja del precio, y esa es una conducta ilícita porque atenta contra el Pacto Intra-federal, que debe ser respetado por las partes firmantes y no admite modificaciones ni incumplimientos unilaterales. Es por eso que entendemos que tenemos la provincia tiene las de ganar en este pleito, más aún porque la Corte tiene una tradición de Jurisprudencia muy positiva de respeto a estos Pactos.”
El fracaso de la vía “política” y la prescripción
Además, Asueta destacó que “debimos haber interpuesto esta demanda muchísimo antes. Los perjuicios datan desde el año 2013, y desde esa fecha hasta el 2021, todo ese período está prescripto, ya no podremos reclamarlo. Lo que dejamos de percibir desde la Resolución 95/13, de la Secretaría de Energía que mete mano sobre los excedentes son alrededor de USD 700 millones, de los cuales ya no podremos reclamar USD 530 millones porque se ha prescripto ese reclamo.”“Hay que reconocer que la estrategia del reclamo político ha fracasado, hemos perdido muchísimo recursos que deberían ser obras e infraestructura para la región. El Gobierno nacional no cumplió con la promesa del canal de embarcación, que hubiere sido de vital importancia para todas las ciudades costeras del río Uruguay, y mas aún para Concordia que hubiere traccionado todo el noreste entrerriano y Sur de Corrientes, además de muchos otros daños que generó la represa, y dejaron de compensarse por los incumplimientos del Gobierno Nacional”.
Por último, Asueta remarcó que “existe la posibilidad de que con la demanda interpuesta se pueda llegar a un acuerdo; de hecho, supongo que la Corte va a invitar a las partes a arribar a un acuerdo, lo importante de haber interpuesto la demanda es que se ha interrumpido la prescripción y que tenemos otra posición muy distinta en la negociación que tenemos por delante.”
