Además de la pena de cárcel en suspenso, también se ratificó la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, por lo cual próximamente debería quedar cesante en el Estado provincial, luego de tres décadas de servicio.
También fue validado el pago de una multa por la suma de 480 mil pesos, a abonar en doce cuotas mensuales de 40 mil pesos, como así también a cargar con las costas del proceso judicial a partir de la regulación de honorarios de los abogados intervinientes. La denuncia fue presentada el 27 de mayo de 2021 por la abogada Clarisa Marano Roude, hija de un paciente con coronavirus por el cual intentó cobrarle el oxígeno, quien fue a la justicia junto a la médica Analía Fernández y la enfermera Sandra Giovenale.
Con el avance de la investigación y las evidencias aportadas, Lugrin fue imputada por la Fiscalía el 27 de abril de 2022 en calidad de autora material de ilícitos cometidos entre enero de 2020 y mayo de 2021, en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. En ese corte temporal que realizó el Ministerio Público Fiscal para avanzar con el proceso, se calcula que percibió 1.390.884,00 pesos de parte de residentes del geriátrico, de los cuales no registró contablemente ni depositó en la cuenta bancaria 1.030.224,00.
La causa fue llevada por los fiscales Juan Sebastián Blanc y María Noelia Batto, mientras que la parte querellante estuvo representada por el doctor Martín Jáuregui y la defensa fue ejercida en esta última etapa por Constanza Bonazzola, oriunda de Paraná.
