Según consta en la demanda presentada este martes, los legisladores habrían cometido el delito de “incumplimiento en los deberes de funcionario público, establecido en el Art. 177 del Código Penal”.
“Si nosotros como ciudadano conocemos un delito no estamos obligados por la ley a denunciar, pero sí un funcionario público”, dijo durante una entrevista por Radio 12 de Colón.
Según Hartwing, la vicepresidente Victoria Villarruel “comete el delito de abuso de autoridad y arrogarse facultades que no tiene. Convoca a una sesión ordinaria en la Cámara de Senadores (llevada a cabo el 13 de diciembre), donde se resolvieron los cargos y las comisiones, a través de un decreto de convocatoria a sesiones ordinarias, pero habían terminado el 30 de noviembre. La única forma de reunirse senadores o diputados a partir del 1° de diciembre y hasta el 1° de marzo, es que el presidente los convoque a sesiones extraordinarias”.
En el texto de la denuncia, indicaba “esta convocatoria arbitraria, ilegal e inconstitucional de la vicepresidenta, produce nulidad de origen de todo lo resuelto, deslegitimando y haciendo nulo todo lo aprobado. Ante estos graves delitos, se observa que los senadores de nuestra provincia habrían incurrido en una complicidad evidente”.
“Es un delito grave y ninguno de los tres senadores de Entre Ríos dijo nada. Algunos asistieron y otros no a la sesión, pero cometieron un delito. Tendrían que haber denunciado a la presidente o plantear la nulidad de la reunión en la cámara”, fundamentó por radio.
En este sentido, hizo un paralelismo con recientes dichos de Javier Milei: “Denunció que los diputados buscaban coimas. Si él conoce eso, porque ha sido diputado, tendría que haberlo denunciado. Es mentira o es un delito si no va a la Justicia, no puede decirlo ante la prensa”.
La denuncia se presentó en la Fiscalía del Juzgado Ordinario de Concepción del Uruguay. “Algunos dicen que correspondía al Juzgado Federal, pero a mi criterio no se van a excusar porque un senador es un cargo provincial que nos representa en la Nación”.
En otro tramo de la conversación con Franco Bastian, el abogado opinó que “el gobierno que asumió tiene un gran desconocimiento de cómo se administra y les está provocando problemas jurídicos importantes. En un DNU, con que haya una sola inconstitucionalidad se cae completo, no se puede vetar por partes como una ley. Están mal asesorados por estudios jurídicos importantes que no conocen la administración pública”.
