Como toda expresión, su sentido depende del contexto. No obstante, es suficientemente elocuente para exponer de manera descarnada la cuestión de las competencias y de las responsabilidades, un debate que puertas adentro se expresó en forma de reproches cruzados y de tensiones apenas disimuladas entre los diferentes niveles del Estado.
Aunque su propia área de comunicación omitió toda referencia al asunto, Cresto le reclamó a los Estados provincial y nacional que se hagan cargo del rol activo que las leyes le asignan en la salvaguarda de la tranquilidad pública. Y no sólo las leyes. También los presupuestos específicos asignados a tal fin.
El intendente, que -como es sabido- quiere ser gobernador, ocupó gran parte de su discurso en resaltar las acciones que, dijo, el municipio ha impulsado en aras de la seguridad. Algunas tienen a la comuna como ejecutora. Otras, como gestora. Arrancó con la creación de la Dirección de Seguridad Ciudadana; la puesta en marcha y ampliación del Consejo de Seguridad; gestiones para el Juzgado Federal en Concordia; gestiones para la instalación de la Cámara de Casación Penal en Concordia; instalación del Centro de Monitoreo y Videovigilancia en la Jefatura Departamental; instalación, ampliación y desarrollo del circuito de domos y cámaras en sitios públicos; construcción de la Comisaría Décima y la ampliación de las redes de iluminación LED.
También atribuyó a esfuerzos municipales el “fortalecimiento” de la Casa de la Mujer; la implementación del Botón Antipánico y desarrollo del sistema informático correspondiente; la sanción de ordenanzas que multan a los propietarios de terrenos sin desmalezar o abandonados; creación de la Guardia de Seguridad Turística; gestiones ante el Ministerio de Seguridad de la Nación de arcos de ingresos a la ciudad con lectores de patentes, cámaras de seguridad y puestos de control; asignación de nuevas unidades (camionetas, automóviles y motos) a la Guardia Urbana.
El listado, con independencia de su efectividad, transparenta que Cresto decidió, a pesar de que para las leyes el municipio no es el principal responsable de la seguridad, adoptar un perfil alto e involucrarse en el asunto. Probablemente porque percibió que es una de las principales preocupaciones de la comunidad y, por ende, supuso que obtendría rédito político si la hacía suya. Lo que tal vez no previó es que ese “perfil alto” lo expondría a que una parte de la ciudadanía lo viera como el principal responsable si las cosas se complicaban. ¡Y vaya si se complicaron! El último domingo, en Benito Legerén, la violencia armada se cobró otra vida joven, sumándose a una estadística fatídica en lo que va de 2023. Allá por 2013, cuando Concordia vivió la rebelión policial y los saqueos, el intendente era Gustavo Bordet. Las encuestas que se hicieron en los meses siguientes expusieron que Bordet no había sufrido mella alguna en su imagen, a pesar de que la ciudad que gobernaba atravesó una de las crisis más graves de su historia. Dicho de otro modo: no se lo culpó por lo ocurrido. Los cuestionamientos apuntaron al gobernador de entonces, Sergio Daniel Urribarri, de quien dependía la policía.
¿A quién responsabiliza hoy la ciudadanía por la violencia en las calles y en las barriadas? ¿Al intendente, al gobernador, al presidente, a los jueces, a los fiscales, a los policías, a todos juntos?
Como sea, a la gente le importan un pepino las disquisiciones sobre las competencias. Como también está a la vista que el problema es de tal gravedad que no da para mezquindades y el involucramiento debe ser de todos.
Como gustan decir los dirigentes, hace falta que “articulen” los distintos niveles del Estado, sus diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) y que también lo hagan con la sociedad civil, si se quiere afrontar la cuestión en toda su complejidad.
Es más, urge esa “articulación” hacia adentro de los mismos gobiernos. ¿O acaso no se percibe que a la seguridad pública también se la ayuda desde Desarrollo Social, desde la creación de puestos de trabajo y desde las escuelas, y no sólo desde la policía y los juzgados?
Por caso, si un chico deja la primaria o la secundaria (que son obligatorias según las leyes…), y si encima viven tanto él como su familia en medio de una precariedad total, fácil es darse cuenta que se agigantan las probabilidades de que caiga en adicciones y violencia. ¿Cuántos hay en Concordia en esa situación? ¿Cuántos más se sumarán si no frenamos esa sangría por donde se escurren hacia el abismo cientos y miles de niños, adolescentes y jóvenes?
