Argumentos para sustentar el rechazo
El abogado entrerriano, Rubén Pagliotto, que fue ex fiscal de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), ex presidente de la Sección Paraná del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER) e impulsor de investigaciones de casos de corrupción de alto impacto, mantuvo una reunión con Julián Alfie, director Ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), y con Silvina Manes, presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados (AAJJ).En el encuentro se analizó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo de Entre Ríos y por un sector minoritario del Poder Judicial, que buscan reducir la cantidad de casos que llegan a juicio por jurados. En este sentido, Pagliotto rechazó el proyecto por inconstitucional y los dirigentes se comprometieron a trabajar por evitar su sanción. Pagliotto, Alfie y Manes analizaron las estrategias para incidir sobre el proceso legislativo y evitar una reforma que afectará el derecho de la ciudadanía entrerriana a participar en la administración de la justicia penal.
Durante el encuentro que mantuvo con las autoridades de las dos máximas asociaciones nacionales en materia de juicio por jurados, Pagliotto afirmó que el sector que impulsa esta propuesta "utiliza argumentos aparentes para vaciar un instituto que habilita con ejemplaridad, la participación de la ciudadanía, juzgando a vecinos, como mandan la Constitución Nacional y la Provincial. Las pretendidas reformas que incentivan algunos funcionarios son excusas para sacar del poder ciudadano esta eficaz herramienta de juzgamiento de delitos”.
Pagliotto profundizó al afirmar que “mientras en otras provincias se incluyen más delitos para ser juzgados por jurados populares, Entre Ríos comienza a retroceder esgrimiendo argumentos baladíes y falaces. No existen razones reales que impidan realizar en plazos razonables los juicios. Meter manos en la ley 10.746, la más avanzada y moderna del mundo juradista, constituiría además de un crimen de lesa constitucionalidad, un enorme retroceso institucional y en términos republicanos, habilitándose, sin lugar a dudas, planteos de inconstitucionalidad".
Por su parte, Manes y Alfie analizaron los datos presentados por los impulsores del proyecto, y concluyeron que bajo ninguna circunstancia justifican una reforma que, además, "es inconstitucional porque la Constitución impide restringir los juicios por jurados una vez que son implementados”.
Los letrados también analizaron que “las autoridades del Poder Judicial alegan un cuello de botella que no es tal. Presentan 139 casos pendientes de ir a juicio por jurados, un número que consideran inabordable, cuando de los propios datos oficiales se desprende que más de la mitad de esos casos se van a resolver por juicio abreviado, es decir, sin necesidad de realizar un juicio por jurados”.
Por otro lado señalaron que "el costo del jurado puede reducirse a través de resoluciones administrativas del propio Poder Judicial. Pero, en vez de ir por esa vía, promueven esta reforma legislativa que se convierte en un primer intento de quitarle al soberano (el pueblo) el poder que históricamente concentraban los jueces y que se resisten a perder".
