La mano derecha del obispo Puiggari está acusado por el delito de falso testimonio al no haber contado todo lo que sabía durante el proceso que se siguió al cura Justo José Ilarraz, finalmente condenado a 25 años de cárcel por abusos a menores en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo. El 26 de septiembre de 2018, la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelata, resolvió la remisión a juicio oral de la causa.
A Gervasoni -que lo asisten los abogados Miguel Cullen, Guillermo Vartorelli y Daniel Lambarri- se le imputan dos delitos: “falsedad” y “reticencia” en la declaración como testigo en la etapa de instrucción de la causa Ilarraz.
El secretario privado de Puiggari declaró el 8 de abril de 2015 en los tribunales de Paraná. Entonces no contó todo lo que sabía del caso Ilarraz y de los abusos en el seminario, según entiende la procuración. Esa situación quedó en evidencia luego de los testimonios de Hernán Rausch, una de las víctimas de Ilarraz, y de los testigos José Carlos Wendler y Leonardo Tovar, quienes serán citados como testigos en el juicio que se le hará a Gervasoni. También fueron ofrecidos como testigos por el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull, los sacerdotes José Estanislao Zapata y Jorge Charreun, y el abogado Milton Ramón Urrutia.
En la audiencia de septiembre, la jueza Barbagelata rechazó un planteo de nulidad que hizo el representante legal de Gervasoni. Vartorelli pidió incorporar como prueba un acta firmada por el vicecanciller de la curia, José Rodríguez, con un “juramento de fidelidad” por parte de Gervasoni a la Iglesia, elemento que lo pondría a salvo de cualquier acusación de retacear información sin antes ser relevado del secreto profesional del oficio de cura.
El Ministerio Público Fiscal acusa al secretario privado de Puiggari por “haberse pronunciado con falsedad y reticencia, ocultando datos al juez, datos que no podía ignorar por el rol protagónico de secretario del arzobispo, con quien convive” en la residencia episcopal de la costanera alta. Fue cuando Gervasoni declaró como testigo en la causa Ilarraz, en 2015. Como para la fiscalía se encontraría ya acreditado el delito, adelantó el pedido de pena que hará para el cura: prisión condicional de 1 año y 6 meses por el delito de falso testimonio.
