Carina Mariel Ivascov, presidenta de la Junta Promotora de La Libertad Avanza, en base a una serie de argumentos donde cuestiona el desempeño del titular del Tribunal de Cuentas, pide al Jury la formación de causa, la suspensión de Lara en su cargo y, eventualmente, su destitución.
Cabe destacar que, en el trámite, Ivascov pidió la recusación de los jurados Gonzalo García Garro, que representa en el Jurado de Enjuiciamiento al Colegio de la Abogacía y ha sido designado con un cargo en el Tribunal de Cuentas; y del senador Rafael Cavagna, ya que como exintendente de Nogoyá, adujo, tienen procesos pendientes de rendición que el organismo de control debe evaluar.
Qué dice la presentación de la dirigente libertaria
Al argumentar su denuncia, Ivascov asevera que «la Junta Promotora (de La Libertad Avanza) me ha encargado en nuestra militancia contra la casta y para poder liberar a nuestra provincia del yugo de la corrupción y este funcionario, nombrado en un procedimiento que fue criticado por todo el arco opositor, con presentaciones mediáticas pero que no llegan hasta las últimas consecuencias, por una casta que no quiere avanzar sobre las grandes reformas que la provincia requiero y no puede estar presidido el Honorable Tribunal de Cuentas por una persona tan poco transparente como Diego Lara, que llegó en un concurso oscuro y cuestionado, tiene antecedentes cuestionables y finalmente en su desempeño como funcionario ha sido denunciado por gastos millonarios, falta de control, amiguismo con algunos funcionarios, designaciones innecesarias e ilegales», como la de García Garro, «que lo hacen una persona indigna del cargo que ostenta».Entre otros reproches, Ivascov carga contra el presidente del Tribunal de Cuentas por haber cometido «delitos dolosos» y por cuanto entiende «que hay hechos que han sido denunciados y constituyen delitos, como el cobro de cheques a empleados de Cámara, la relación con Gustavo Bordet, Diego Plassy, y otros dirigentes mencionados en los hechos relatados a través del presente compendio de artículos periodísticos con sustento en resoluciones» del Tribunal de Cuentas. También le endilga «incompetencia o negligencia reiterada en el desempeño de su cargo» por «sus vínculos políticos, antecedentes y estas denuncias, que surgen de la simple lectura del plexo normativo».
Además habla de «incumplimiento de los deberes inherentes a sus funciones: que en las coberturas denunciadas a los organismos hay una clara decisión de no avanzar sobre Enersa (a nota da cuenta que estaba sobre la empresa, se reunión con uno de los imputados pero nunca advirtió irregularidad alguna), Iosper, y distintos organismos donde sigue habiendo nichos de corrupción o cuestiones que no quedan claras».
Para avalar las denuncias, pide al Jury que solicite a la Cámara de Diputados «que remita la nómina completa de personal a cargo y si emitió cheques en favor de esas personas, los montos para determinar si los cheques publicados coinciden con los pagos recibidos mediante contratos simulados o truchos». También que el Tribunal de Cuentas informe sobre «adquisición de bienes y servicios para presidencia así como también las contrataciones efectuadas desde su asunción», y se «coteje si efectivamente como afirman las notas periodísticas con lujo de detalles» hubo «gastosa innecesarios».
Entre otros, pide que se cite al secretario Legal y Técnico de la Gobernación, Esteban Vitor; al exdiputado provincial y actual interventor en el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE), Juan Domingo Zacarías; a los periodistas Daniel Enz y Ricardo David; al expresidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano; al exdiputado provincial y titular de la UCR Entre Ríos Fuad Sosa; y al titular de Enersa, Ignacio Bergallo.
