Crean una comisión
Durante la reunión, de acuerdo al comunicado remitido a El Entre Ríos, se resolvió crear una Comisión interdisciplinaria integrada por profesionales en ciencias económicas y jurídicas. Las autoridades de ambos Tribunales coincidieron “en la importancia de comenzar a trabajar en la actualización del andamiaje normativo, con el objetivo de actualizar, mejorar y ampliar el control externo de la Comisión Administradora del Ente Interprovincial Túnel Subfluvial Uranga- Silvestre Begnis”.El objetivo, dijeron, es “establecer criterios y normativa en común que posibilite de manera conjunta el contralor externo del ente interprovincial, de conformidad a lo dispuesto por las Leyes Nº 7.958 y Nº 12.089, de Entre Ríos y Santa Fe, respectivamente”.
En la reunión estuvieron el presidente del Tribunal de Cuentas, doctor Diego Lucio Nicolás Lara; y los vocales del TCER, contadores María de los Ángeles Moia y José Luis Gea Sánchez; recibieron al titular del Tribunal de Cuentas de Santa Fe, contador Oscar Marcos Biagioni; para mantener un encuentro en la sede del principal órgano de control externo de la administración pública entrerriana.
Además, estuvieron presentes durante el encuentro; el secretario Letrado Adjunto del TCER, doctor Federico Tomas; la asesora Jurídica del TCER, doctora Clara Basa; la jefa del Área Oerganismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Empresas Estado Provincial del TCER; contadora Marta Aurora Villarroel; y el contador Fiscal del TC Santa Fe, contador Leonardo Pancera.
Funciones del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de Entre Ríos es un órgano de control externo con autonomía funcional.Como principal órgano de control externo de la administración pública, es el órgano fiscalizador que aprueba o desaprueba la percepción y/o inversión de los fondos públicos a cargo de los funcionarios y administradores de la Provincia, de las personas o entidades que manejen fondos públicos y de los municipios.
Además, el Tribunal de Cuentas ejerce la auditoría de la administración pública, entes autárquicos, empresas del Estado y todo otro organismo estatal que administre, gestione, erogue e invierta recursos públicos. Todo esto con ajuste a los principios de eficiencia y eficacia.
