La acusación pesa sobre el subcomisario Ricardo Ezequiel Galeano, jefe a cargo de la Brigada Islas del Ibicuy de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales, como también sobre el comisario Javier Balbuena, jefe de la División Logística de la misma dirección. El procesamiento fue confirmado este 12 de noviembre por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.
Todo comenzó el 23 de noviembre de 2023, cuando los investigadores allanaron un taller mecánico ubicado en el partido de Malvinas Argentinas (provincia de Buenos Aires) y encontraron una camioneta S10, dominio NWQ-225, que era utilizada como móvil patrullero de la policía (con el número 1324). El hallazgo llamó la atención de los investigadores, ya que el taller se encuentra a 133 kilómetros de la provincia, siendo que existe uno a 80 kilómetros en Gualeguaychú. Esa anormal situación reforzó la hipótesis de que personal de la Policía podría haber estado involucrado en maniobras ilícitas.
Inmediatamente, la Fiscalía Federal solicitó información a dos autoridades policiales de la zona: Galeano y Balbuena. Concretamente, les solicitó conocer cuál era la dependencia de destino del patrullero 1324, el último encargado del mismo, registro de viajes, si contaba con GPS instalado y chofer a cargo, entre otros datos.
El primero en contestar fue Galeano, quien en una nota informó que el 17 de septiembre de 2023 el móvil policial presentó problemas eléctricos y mecánicos y que, por tal motivo, se contactó a dos mecánicos de apellido Olivari, quienes tienes su taller en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.
También detalló que los días 4 y 6 de octubre de ese año, el vehículo presentó nuevas fallas y que el 12 fue trasladado en grúa al taller mencionado, “debido a la complejidad que requería el trabajo y la falta de herramientas específicas a tal efecto”.
Averiguaciones y acusación
Luego, la Fiscalía pidió un informe a la Unidad de Reunión de Información Gualeguaychú de Gendarmería Nacional, con el fin de corroborar la existencia de otros talleres mecánicos más cercanos en los que se habrían podido realizar la reparación del patrullero. La respuesta fue afirmativa: dicha dependencia informó que “en Gualeguaychú hay un solo taller mecánico con los medios necesarios para llevar adelante tal reparación, siendo este ‘Chevroford Servicios’; ya que si bien el resto de los talleres toman el trabajo en cuestión lo terminan tercerizando en el de mención”. También se aclaró que el taller “se encuentra a unos 80 kilómetros aproximadamente de la Brigada de Abigeato, mientras que el taller de F. Oliveri se encuentra a unos 133 kilómetros aproximadamente”.El 30 de noviembre, el comisario Balbuena remitió a la Fiscalía una nota en la que justificó el accionar de Galeano indicando que “el vehículo arrancaba y se paraba por tal motivo el Oficial Ricardo Galeano Jefe de Brigada de Islas del Ibicuy dio con los señores F. y C. Olivieri, de quien tenía conocimiento que hacían trabajos en la zona, y les dio intervención (…) y que ante todo ello el criterio utilizado para reparar allí el móvil fue teniendo en cuenta la practicidad, (ya que ofrecían reparar rápidamente el vehículo), y si bien el taller está en otra provincia la distancia hasta allí es de 130 km (…) relacionado a la intervención de mecánicos de la fuerza, para este caso del supuesto problema eléctrico, si bien en esta dirección se cuenta con un taller mecánico policial, se encuentra a 380 km de distancia”.
La respuesta no convenció al fiscal federal y avanzó con una imputación contra ambos funcionarios policiales, entendiendo que podrían haber incurrido en falsedades al momento de brindar las respuestas a los requerimientos judiciales en sus aseveraciones plasmadas en los informes del 23 y el 30 de noviembre de 2023.
Por ello, Galeano y Balbuena fueron imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El 22 y el 28 de agosto de este año se les tomó declaración indagatoria y el 11 de septiembre el juez federal de Gualeguaychú los procesó por delito de omisión de cumplimiento de los deberes de funcionario público previsto y reprimido por el artículo 249º del Código Penal.
