La resolución fue dictada por el juez federal Hernán Viri en línea con lo solicitado por el fiscal federal subrogante a cargo de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, junto con la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo de Santiago Marquevich.
Los diez acusados quedaron procesados por el delito de contrabando de exportación cuádruplemente calificado por el número de personas que intervinieron en el hecho, por tratarse de elementos que pudieran afectar la salud pública, por el valor de la mercadería y por tratarse de armas y municiones, todos en calidad de coautores. Además, dos de ellos también fueron procesados por un segundo cargo, el de comercialización de productos con marca registrada falsificada, en grado de tentativa.
Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargos sobre sus bienes de sumas que van desde los 50 mil hasta los 200 mil pesos para cada uno de ellos.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal, todos están acusados de conformar una banda que se dedicaba al transporte de todo tipo de mercadería -armas, cigarrillos apócrifos, ropa de marcas falsificadas, fauna ictícola, zapatillas, repelentes, relojes, etcétera-. El contrabando se hacía en horarios nocturnos y a través de pasos clandestinos.
Según la pesquisa, la mercadería, en gran parte, provenía de la provincia de Buenos Aires y de Gualeguaychú y luego era trasladada hasta Paranacito para su posterior contrabando al vecino país.
La organización criminal habría funcionado por lo menos desde el 17 de agosto de 2022 hasta el 25 de junio pasado, fecha en que se realizaron los procedimientos ordenados oportunamente y realizados por personal de la Prefectura Naval Argentina.
El caso
La investigación se inició en 2022, por parte del fiscal subrogante de la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, Pedro Mariano Rebollo, tendiente a corroborar la existencia de una organización criminal dedicada al contrabando de mercaderías desde Villa Paranacito hacia Uruguay a través de pasos clandestinos.Con la profundización de la pesquisa y corroborados los extremos investigados, así como también la participación de integrantes de nacionalidad uruguaya y argentina en la referida organización criminal, se judicializó la investigación con intervención del Juzgado Federal de Gualeguaychú, quedando el expediente delegado en el MPF.
Ante la complejidad de la investigación, la Fiscalía solicitó la colaboración de UFECO. Luego de dos años de investigación, se pudo corroborar -mediante escuchas telefónicas, registros fílmicos y secuestros de mercadería- la presunta participación de once personas con roles claramente distribuidos en el delito de contrabando investigado.
El pasado 25 de junio, el juez Viri dispuso los allanamientos y las detenciones solicitados por el MPF, y de los once imputados, diez fueron localizados y detenidos, mientras uno de nacionalidad uruguaya aún se encuentra prófugo.
Además, en esos operativos, se logró el secuestro de 45 bultos que contenían 19 armas de fuego, 789 municiones, 2239 cartones de cigarrillos apócrifos de la marca comercial “Nevada” de origen uruguayo, 705 relojes pulsera de origen chino, 800 prendas de vestir presuntamente de marcas falsificadas, 1.300 metros de redes de pesca, gran cantidad de electrodomésticos de industria china, siete embarcaciones, seis motores fuera de borda de distintas potencias y varios vehículos automotores.
Argumentos del juez
El juez Viri señaló que, a partir de la “abundante y sólida” prueba reunida en el expediente, se encuentra acreditado, al menos en esta etapa procesal, que los hombres procesados detenidos formaron parte de la organización criminal cuyo objeto fue el contrabando de mercaderías varias.“Así ha quedado demostrado, conforme los diversos elementos probatorios antes referidos, como son las conversaciones telefónicas con diferentes acopiadores de pescado de la República Oriental del Uruguay, así como también las mantenidas con integrantes de la organización delictiva”, resaltó en la resolución.
“A la sazón de lo invocado, resulta palmaria la afectación al bien jurídico protegido salud pública por parte de las maniobras desplegadas por la organización criminal investigada. Ello toda vez que, por la sensibilidad del producto alimentario y otros -como cigarrillos- contrabandeado de forma clandestina, sin contar con el más mínimo control sanitario y bromatológico, contraviene de manera tajante los rigurosos controles establecidos por la normativa local e internacional para la extracción, procesamiento, transporte y posterior consumo humano”, señaló el magistrado.
Y agregó: “Las conductas traídas a estudio tienen la entidad suficiente para provocar un daño irreparable a las personas que eventualmente consuman dichos productos, los cuales, desde su extracción, manipulación y transporte, evadieron todo tipo de control bromatológico y sanitario”.
Por otro lado, el juez hizo hincapié en el período en el cual habría funcionado la organización criminal y remarcó que, tal como ha quedado acreditado en las probanzas recolectadas en el marco de la presente investigación, “pudo haberse logrado un elevado patrimonio, contando para ello con embarcaciones y logística para mover las diversas mercaderías en contrabando, obteniendo así ganancias en dólares”.
Luego se refirió a la coautoría de cada uno de los imputados y señaló que se encuentra acreditado que todos los imputados “tenían conocimiento de la ilicitud de las maniobras desplegadas” y que, de esta manera, cada uno aportó al “plan común de la organización criminal investigada”. A la vez, señaló que cada uno de ellos “tenía una función o labor específica en la maniobra delictiva”.
“Como resultado de todo el cuadro probatorio conformado en la investigación, surge la presencia de un patente acuerdo de voluntades entre los mencionados tendiente a la consecución del fin ya expuesto”, añadió.
Por último, Viri destacó que no se trató de un hecho circunstancial o aleatorio y aislado, sino que “por lo menos desde hace aproximadamente dos años los imputados venían desplegando un accionar mancomunado y sistematizado vinculado al contrabando de exportación de variados productos desde la República Argentina hacía la República Oriental del Uruguay, lo cual fue advertido y debidamente documentado por personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura Paranacito de la Prefectura Naval Argentina”.
