Financiación
En la resolución, a la que accedió Juan Cruz Varela para Página Judicial, el magistrado planteó que existía un acuerdo comercial que implicaba la utilización de fondos públicos para financiar al narcotráfico y la compra de cocaína por los funcionarios para repartir durante la campaña electoral. Lo que dicen las escuchas telefónicas.
El intendente Sergio Varisco financió el relanzamiento de Daniel Andrés Celis en sus actividades de comercialización de cocaína mediante la entrega regular de 50.000 pesos en efectivo, todos los meses y hasta el final de la actual gestión. El dinero salía de las arcas municipales y debía serle entregado en mano a la pareja de Celis antes del día 15 de cada mes. El acuerdo también contemplaba formas de contratos de obra y de servicio simulados que el municipio tenía con allegados al jefe de la banda de narcotraficantes.
El acuerdo incluía, además, la compra de cocaína a precio diferencial por parte de funcionarios municipales para su distribución en las ciudades de Paraná, Concordia y, eventualmente, Nogoyá en la campaña electoral para 2019.
Procesamiento
Sobre esa hipótesis es que el juez federal Leandro Ríos dictó el procesamiento del intendente Varisco, el concejal Pablo Hernández, la ex funcionaria y policía provincial Griselda Bordeira, Tavi Celis y el resto de los integrantes de la banda narcocriminal.La investigación está sostenida en el análisis de cientos de horas de escuchas telefónicas, miles de mensajes de texto, filmaciones de cámaras de seguridad, documentos y anotaciones de todo tipo colectadas a lo largo de ocho meses y que el magistrado expuso en el auto de procesamiento, al que accedió Página Judicial.
Cincuenta mil razones
Daniel Celis fue detenido el 9 de agosto de 2016, a raíz de un hecho que se presentó como un intento de asalto a mano armada en una estancia de Las Cuevas, departamento Diamante, aunque la sospecha es que habría sido una venganza por asuntos relacionados con el narcotráfico.Lo cierto es que en ese momento Celis ya estaba bajo la lupa de la justicia, en una investigación que determinó su caída unos cuantos meses después, con la interceptación de una avioneta que transportaba más de trescientos kilos de marihuana.
Ya entonces el juez había advertido sobre la “imprudencia” del entonces candidato a intendente Sergio Varisco en celebrar “acuerdos electorales y de gestión con personas que detentan la capacidad financiera suficiente para asumir una serie de compromisos onerosos, con recursos cuyo origen resultan opacos”.
La caída de la banda le generó “la necesidad de reorganizarse y reestructurar su emprendimiento ilícito desde la unidad penal donde se encontraba alojado, con nuevos intervinientes y diversos medios tecnológicos que le permitieran continuar con sus actividades” y a la vez “necesitaba contar con recursos económicos de gran consideración que le permitieran superar las pérdidas provocadas por el proceso judicial y así poder adquirir nuevamente material estupefaciente para su comercialización”.
Ahora, como aquella vez, Celis había montado una organización constituida por grupos familiares y con cierto nivel de sofisticación, lo que la hacía más difícil de infiltrar.
Desde la cárcel ocupaba el lugar más alto de la pirámide y sus ojos fuera del penal eran los de Luciana Ernestina Lemos, su pareja, principal asistente y la encargada de hacer cumplir el pacto político que, de acuerdo con la hipótesis del juez, Celis renovó con el intendente Varisco en los primeros días de septiembre de 2017.
“La finalidad (de ese acuerdo) era proporcionar recursos económicos periódicos para que la organización de Celis pueda adquirir y comercializar material estupefaciente, pese a que éste se encontraba privado de su libertad”, detalló el magistrado.
El juez destacó además que existían “contratos totalmente simulados”, es decir, personas que tenían contratos de obra o de servicio que no realizaban ningún tipo de contraprestación, “pero cuya contraprestación económica era distribuida entre el prestanombre y Celis”.
Otra modalidad que se detectó es la de “contratos o ingresos parcialmente simulados en los cuales el empleado o contratado efectivamente realizaba algunas labores, pero no cumplía con las tareas especiales, adicionales u horas extras que le eran liquidadas, las cuales eran entregadas a Celis”, resaltó el magistrado.
Para poner en números estas situaciones el juez planteó que la Unidad Municipal 2 cuenta con una planta de 330 empleados, “a quienes se les liquidan sueldos, adicionales, bonos, aguinaldos” y, solo por “adicionales” percibían 2.500 cada uno, “de los cuales se retenían in situ 1.500 pesos” que iban a parar a manos de Celis.
“Además dichos adicionales se abonaban sobre registros de presentismo falsos, con los cuales se podía recaudar hasta 300.000 pesos por mes tan sólo en la Unidad Municipal 2, sin perjuicio de las otras unidades municipales o reparticiones que se encuentran sospechadas, por ejemplo la Dirección de Tránsito o Habilitación de Registros de Conductor”, advirtió el juez Ríos en otro tramo de su resolución.
Otro elemento revelador es un listado de personas allegadas a Celis que habrían sido contratadas mediante diferentes modalidades por el municipio tras la detección de la avioneta con más de trescientos kilos de marihuana. La nómina de 22 personas estaba fue secuestrada del despacho de Varisco y, según los cálculos presupuestarios, habrían percibido 2.973.316 pesos en concepto de contratos de obra, haberes, tareas especiales y adicionales entre el segundo semestre de 2017 y el primer semestre de 2018
